Eritrea forma parte, junto con Corea del Norte y Turkmenistán, de la tríada de países que siempre se sitúan a la cola en libertades para sus ciudadanos.
En este país del Cuerno de África no existen partidos políticos, a excepción del Frente Popular por la Democracia y la Justicia, liderado por el presidente eritreo, Isaías Afewerki, que lleva ininterrumpidamente en el cargo desde la independencia del país, en 1993. Es heredero del Frente Popular de Liberación de Eritrea (FLE), una escisión cristiana que renegaba de la unión con los musulmanes en el combate a la adhesión de Etiopía al país.
Para comprender el mecanismo de represión que ejerce el régimen, cabe destacar la trayectoria del país. Eritrea ha vivido un conflicto con Etiopía que ha durado casi 30 años y que terminó, en teoría, con un acuerdo de paz en 2018, aunque las tensiones continúan.
Al igual que Corea del Norte utiliza el temor a un conflicto inminente con el Sur para ahondar en el control de sus ciudadanos, Afewerki hace lo propio con la sombra etíope. El régimen agita constantemente en su propaganda la posibilidad de una nueva guerra, a pesar de que Eritrea se está enfrentando a un país que multiplica por 19 su población.
La economía del país se encuentra francamente deteriorada por las sanciones internacionales y el papel que ejerce el gobierno, que pone trabas y expulsa a empresas internacionales y ONG bajo el supuesto temor de que puedan realizar injerencias internacionales en el país.
Una población secuestrada: servicio militar indefinido para todos los ciudadanos, vigilancias rutinarias, permiso para ver a la familia y fuertes castigos
Esta 'paranoia' se ha traducido en un control férreo de una población, a la que se ha militarizado y aislado por completo del exterior. El pasaporte solo se concede, si se considera, a partir de los 55 años (cuando ya no se considera a las personas 'movilizables' para el ejército). Tan solo el 1% de los ciudadanos tiene conexión a internet, la televisión por satélite se veta en casas particulares (todos los medios son estatales y Eritrea es el último país en libertad de prensa en 2021, según Reporteros Sin Fronteras) y la penetración del teléfono móvil se encuentra a niveles de República Centroafricana, un país destrozado por constantes guerras civiles.
Durante los conflictos armados con el vecino etíope, toda la población estuvo llamada a participar en la trinchera, sin excepciones. La paz no ha puesto fin a esta circunstancia. De hecho, el gobierno perpetuó en 2001 el servicio militar obligatorio e indefinido para todos los hombres y mujeres. Es el Gobierno quien decide cuándo acaba cada persona su mili, que puede durar décadas.
Los ciudadanos, transformados obligatoriamente en soldados, son manejados a su antojo por el Estado. Deben servir durante un año y medio en una base militar y, cuando este proceso concluye, las autoridades deciden dónde y en qué condiciones seguirán sirviendo al sistema.
En base a ello, se premia con puestos más amables a quienes muestran una mayor adhesión o docilidad, principalmente en la capital, Asmara, una antigua colonia italiana elegida como Patrimonio Mundial de la Unesco. La capital destaca por su belleza y calles limpias. Un oasis que no es accesible para todos.
Cualquier comentario, chivatazo, mal informe, error o desobediencia pueden cambiar la vida en cuestión de minutos. Por ejemplo, con un destino alejado de la familia, en un lugar recóndito del país, realizando las peores labores y en las peores condiciones. El sistema vigila constantemente el comportamiento de cada ciudadano, así como su rutina. Incluso sus reuniones o las veces que visita a la familia, actividades para las que se necesita una autorización oficial.
Muchos destinos incluyen trabajar los siete días de la semana por unos 30 euros mensuales en canteras, minas, plantaciones... Todas, de propiedad estatal o de los dirigentes del régimen, que utilizan a estos 'soldados' como mano esclava.
Esta dependencia del Estado para todo se suma a la represión del régimen. El Gobierno impone detenciones, torturas sistemáticas y todo tipo de acciones contra aquellos que deliberadamente optan por 'saltarse las normas'. Entre ellas, la huida de un familiar del país, intentar divorciarse de un militar, preguntar por un familiar desaparecido o simplemente por qué talan los árboles en una región. Cualquier conversación en la barra de un bar puede terminar con un 'chivatazo' y las peores consecuencias.
Para ello, el gobierno se vale de una red de confidentes instaurados en todas las capas sociales, al estilo de los 'chivatos' que utiliza el régimen cubano. Todo ello se suma a acciones públicas, como el cierre de todas las universidades para reprimir las manifestaciones estudiantiles. El resultado: fueron sustituidas por colegios mayores con profesores próximos al gobierno.
No hay ninguna protección para sus ciudadanos. Cualquier persona sorprendida puede acabar siendo ejecutada de inmediato, en un país donde los asesinatos extrajudiciales son altamente frecuentes, según denuncia Naciones Unidas. También están las 'griffa', cacerías que organiza el régimen para localizar a los jóvenes que han escapado del servicio militar.
Hay documentados casos de todo tipo. Un recluta explicó en la Comisión de la ONU cómo, durante un entrenamiento en el Mar Rojo en 2013, los mandos arrojaron a un grupo de jóvenes al agua, pese a que la mayoría no sabía nadar: hubo cinco muertos solo el primer día. También se recoge la ejecución de un soldado en 2004 porque había contraído la malaria y había gritado a un médico. O el asesinato de un grupo de veteranos de guerra discapacitados en 1994, 150 musulmanes en junio de 1997 o ejecuciones masivas de reclutas encarcelados en la prisión de Adi Abeito en 2004 y del campo de entrenamiento militar de Wi'a en 2006.
Esto se suma a las condiciones de las mujeres obligadas a participar en el servicio militar. La mayoría son obligadas a trabajar como servicio doméstico en las casas de los oficiales y, además, son violadas de manera sistemática. Esta violencia sexual no es castigada y, además, las víctimas deben guardar silencio porque en muchos casos se exige que lleguen vírgenes al matrimonio.
Escapar de la pesadilla
Ante una situación tan precaria, muchos ciudadanos optan por abandonar como pueden el país. En menos de una década, entre el 10% y el 12% de la población ha huido al exilio, según cifras de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Son los migrantes que llegan con mayor frecuencia a Europa a través del Mediterráneo, aunque suelen ser tratados como 'inmigrantes económicos', a pesar de huir de un régimen homologable a los más represivos de la historia.
Salir del país no es fácil. Como hemos comentado, el pasaporte solo se concede, si sucede, a partir de los 55 años. Esto hace que deban huir atravesando campos de minas plantadas en las fronteras, a la vez que huyen de soldados que tienen orden de disparar a matar y, en el caso de ser detenidos, enfrentar años de prisión en durísimas condiciones.
Y no es lo único. Huyen del país con el peso de que sus familiares y amigos se arriesgan a ser detenidos y torturados por su huida. Y a ser extorsionados económicamente. El régimen ha creado un impuesto especial para 'no residentes' que deben pagar los familiares que se han quedado.
El viaje, además, presenta todo tipo de dificultades. No solo se trata de una posible muerte segura en el mar, también el papel que ejercen las mafias de traficantes, por ejemplo, en Libia o en la península del Sinaí, en Egipto, donde secuestran a eritreos para luego pedir rescates a sus familias o traficar con órganos. Si no pagan, serán asesinados.
