Nuestra Constitución es una de las más recientes de la Unión Europea. Desde que se implantó en 1978, España ha vivido uno de sus períodos de progreso económico y social más importantes de su historia reciente.
Sin embargo, parece que está agotando su recorrido si tenemos en cuenta que está siendo incumplida. No sólo por los independentistas catalanes. También por los partidos políticos que han hecho de la corrupción su ADN. Tanto unos como otros se esconden tras la bandera para tapar sus vergüenzas.
Los españoles tenemos derecho a revisar y reformar nuestra Constitución. Ha llegado el momento de proceder a su puesta al día. Es la mejor manera para que no se vea superada por la realidad de la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, esta reforma no puede utilizarse como anestesia para los secesionistas. El objetivo ha de ser siempre la unión, el progreso y la democracia.
La política al servicio de los ciudadanos
El Estado debe asumir una serie de competencias clave para el interés general de los españoles. En principio, y como mínimo: defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, representación internacional, urbanismo, entre otras.
Además, es imprescindible suprimir los privilegios que tienen algunas Comunidades Autónomas respecto a otras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Navarra o País Vasco. También debemos replantearnos la utilidad del Senado, que actualmente sólo sirve como cementerio de elefantes y para que algunos partidos pregunten por posibles invasiones zombis.
Nunca más los ciudadanos tendrán que trabajar para cubrir el despilfarro de nuestros políticos. Si trabajamos juntos y unidos conseguiremos poner a trabajar a los políticos para los ciudadanos.
