Cristina Cifuentes ha cargado toda la responsabilidad de los hechos que se le imputan, es decir, la falsificación de las actas de su máster, al catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público recién fallecido.
En el escrito de defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Cifuentes ha asegurado que "ni ordenó, ni encargó, ni participó de los hechos delicitivos en modo alguno". Con ello, carga toda la iniciativa en el catedrático que también fue imputado en la causa y que ha fallecido una semana antes del escrito.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid también niega que mantuviese contacto con su exasesora Maite Feito, quien supuestamente se desplazó hacia la universidad para ordenar la fabricación del TFM y buscar una solución a la crisis que puso punto y final a la carrera política de la dirigente popular.
Sobre Feito, que también está imputada en la causa a pesar de no obtener ningún rédito de los hechos, el escrito dice lo siguiente: "Ni la señora Feito dependía jerárquicamente de mi representada, ni eran amigas, ni nunca mantuvieron contacto alguno en relación con los hechos publicados el día 21 de marzo de 2018, ni ese mismo día, ni con posterioridad a la fecha", asegura el texto redactado por la abogada de Cifuentes.
El profesor que dirigía el Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, falleció el pasado lunes 1 de abril. Estaba imputado en el caso máster y la Fiscalía solicitaba tres y nueve años de prisión. El fallecimiento se ha producido como consecuencia de una infección que le ha provocado el tratamiento contra el cáncer pulmón que padecía.
Conde había comparecido el pasado mes de febrero en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid. Allí aseguró que había actuado de manera legal y que achacó su error a una supuesta incapacidad a la hora de resistir las "fuertes presiones" ejercidas por parte del Rectorado y la Comunidad de Madrid tras el caso máster. Además, declaró que no tenía los trabajos de Pablo Casado para demostrar que cursó sus estudios en ese centro.
El profesor estaba imputado por un presunto delito de falsedad documental, en relación con el acta falsificada que Cifuentes presentó como defensa en mitad del estallido del caso que acabó con su carrera política. La exlideresa popular también está procesada como inductora, así como la profesora que falsificó las firmas (Cecilia Rosado) y la funcionaria que ejerció como correa de transmisión entre el Gobierno y la universidad, Maite Feito.
La Justicia ha señalado que el Instituto de Derecho Público, ya clausurado por la URJC, estaba sirviendo como un centro para conceder "prebendas" a personalidades del mundo de la política. En esta trama se han visto involucrados algunos politícos de primer nivel, como el presidente del PP Pablo Casado o la exministra de Sanidad, Carmen Montón.
"No renuncio en el momento oportuno a ejercer acciones legales contra los que han procurado mi muerte social"
Álvarez Conde había mantenido un perfil bajo desde el estallido del caso, aunque mantenía su plaza en la Universidad Rey Juan Carlos. En la comparecencia que realizó en la Asamblea de Madrid, aseguró que su silencio "no puede ser entendido como una concesión, sino uno una prudente expresión en el ejercicio del derecho de defensa".
Sin embargo, en esa conversación, Conde se mostró tajante: "No renuncio en el momento oportuno al ejercicio de las acciones que me permita el ordenamiento jurídico contra aquellas personas que han procurado mi muerte social y académica con la violación de importantes derechos fundamentales".
