Suspendido de empleo y sueldo durante 72 días. Esta es la drástica medida que ha sufrido un enfermero de la provincia de Málaga, que trabaja en el servicio 061 atendiendo emergencias de todo tipo, por mostrar sus quejas ante la desprotección que enfrentan los profesionales en plena pandemia.
Este enfermero es José Javier García, tiene 52 años y lleva 20 trabajando en el servicio de emergencias. Además, dedica 20 horas mensuales a labores sindicales para proteger a sus compañeros a través del sindicato CGT.
Pero su situación se ha precarizado desde que acudió a la sede de la empresa para protestar por la falta de protección frente al coronavirus que están sufriendo los empleados de este servicio. Lejos de respetar este derecho, la empresa ha optado por suspenderle de empleo y sueldo durante 72 días.
La concesionaria, que recibe dinero de la Junta de Andalucía, alega que irrumpió en la sala de operaciones sin autorización y poniendo en riesgo a sus compañeros. Él se defiende: "Tú lees la resolución y da la impresión de que la estaba liando parda, pero la realidad es que fui con autorización de mi jefe, que estuve dos minutos y que, en realidad, no hice mucho ruido", se justifica en declaraciones a la Cadena SER.
José Javier García cree que la empresa ha optado por una sanción tan dura para que cunda el miedo entre los empleados y se lo piensen dos veces antes de volver a denunciar sus condiciones laborales.
Sin protección en plena pandemia
La situación que denuncia este enfermero es especialmente precaria. A pesar de ejercer como sanitario en situaciones de emergencia, en primera asistencia y en plena calle; la concesionaria no dio EPIs a sus empleados y optó por un parche que no protegía frente al virus, unas "batitas" como define este enfermero. Los trajes buenos, los que realmente protegían "los almacenaron en un almacén" tras justificar la compra .
No es el único fallo. Por ejemplo, en las salas de asistencia telefónica no se garantizó la distancia social entre empleados y se compartían elementos como micrófonos o auriculares sin ni siquiera realizar las labores de desinfección preceptivas, denuncia. Con ello, "en el centro de operaciones de Sevilla se han contagiado más trabajadores que entre los que hacemos trabajo de calle".
Finalmente, tras exponer las condiciones precarias ante la dirección, este empleado quedó suspendido el pasado 24 de marzo, cuando el estado de alarma llevó a contratar a personal sin experiencia (él lleva 20 años en la profesión) por la falta de personal para atender a los enfermos.
"Se han sacado de la manga una norma del año 95 que dice que está prohibido entrar en la sala de operaciones, pero llevo 20 años en la empresa y siempre hemos entrado. Para saludar a los compañeros, para recoger llaves... Un correo de la empresa, de hecho, comunicó a posteriori que el acceso a esa sala estaba prohibido con efecto retroactivo, lo cual demuestra que hasta entonces era algo habitual", denuncia en Cadena SER,
El caso de este enfermero ha generado una fuerte indignación entre los santiarios, puesto que no comprender cómo se puede sancionar a una persona por exponer la falta de prevención frente a un patógeno como el actual coronavirus.
Una situación que, sin embargo, se ha extendido por toda España y ha convertido a nuestro país en uno de los que sufre una de las mayores tasas de sanitarios contagiados. Los recortes, en este caso, han afectado especialmente a una sanidad que se ha visto desborada en todo momento.
