Jorge Cano, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y su compañero, Julián Campo, llevan enfrentados a la dirección de la Facultad de Odontología desde el año 2008. Ambos llevan años denunciando la adjudicación irregular de plazas, pero tras acudir a los juzgados y haber observado cómo las altas esferas de la propia Universidad continuaban de brazos cruzados, decidieron tomar sus propias medidas.
Los docentes grabaron varias reuniones y entrevistas para demostrar que los directivos eran conocedores de la endogamia que reina en la universidad; es decir, la adjudicación irregular de plazas y docencia de forma arbitraria, según ha informado ABC, que publica audios en exclusiva.
La Real Academia Española define la endogamia como "actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución", pero a pesar de ello, Mercedes Gómez, vicerrectora por aquel entonces de Política Académica y Profesorado, el 13 de diciembre de 2016 declaró a Julián Campo que "hay una endogamia mala y otra buena".
Por su parte, Gómez considera que los concursos intentan "proteger" al interino que tiene la plaza. Admite, además, que en ellos "solo falta poner el nombre y el apellido de quien se va a llevar la plaza". "Si quiere ser tan puritano, denúncielo" y, si no le gusta, "váyase a otra universidad", espetó al denunciante.
Inmoralidad interiorizada
Otra de las grabaciones se produjo el 16 de septiembre de 2019, según ABC. En ella aparece Eumenio Ancochea, entonces vicerrector de Ordenación Académica. El catedrático apoya a los denunciantes, que le reprochan la pasividad que le convierte en cómplice. "Nos hemos acostumbrado a la inmoralidad", reconoce. "Mi opinión es que siguen yendo a por ti",alega a Jorge Cano en otra parte de la conversación.
Y no es el único: Javier Montero, vicerrector de Ordenación Académica y presidente de la Comisión académica reconoció en julio de 2019 que "una comisión de selección tiene un margen de maniobra muy alto para hacer muchas cosas".
Asimismo, tanto Jorge Cano como Julián Campo sostienen que el ahora rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, está al tanto de todo lo ocurrido.
A juicio
El próximo mes de abril cinco profesores y la propia Universidad serán juzgados por un delito continuado de prevaricación administrativa. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que sostiene que calificaron injustamente y a propósito a uno de los docentes para la obtención de una plaza. La razón principal habría sido "la animadversión personal" que sentía hacia el denunciante uno de los miembros del tribunal, José María Martínez.
Este profesor, además, esta implicado en la trama de la falsificación de tesis y artículos científicos. El juez alega que "de las diligencias de investigación practicadas se desprenden indicios racionales de que los investigados José María Martínez González, Blanca Flora Guisado Moya, Rafael Baca Pérez-Bryan, María Rosa Mourelle Martínez y Lorenzo Arriba de la Fuente, en su condición de miembros de la Comisión de Evaluación para la provisión de nueve plazas de profesor asociado (...) han dictado durante los años 2015 y 2016 resoluciones arbitrarias, manifiestamente injustas".
La Comisión de Evaluación habría otorgado "reiteradamente una puntuación inferior a 5, con la finalidad de impedir la adjudicación a Jorge Cano Sánchez de alguna de las plazas convocadas". El profesor, que había obtenido puntuaciones superiores al ocho en concursos anteriores, obtenía ahora suspensos sistemáticos.
El 16 de junio de 2017 se dictó auto de procesamiento contra los cinco investigados por un delito continuado de prevaricación y contra la Universidad Complutense de Madrid, que ha tenido que depositar una fianza de 48.324,04 euros. El juicio se celebrará en abril en los juzgados de lo Penal de Madrid.
