Si hay grandes beneficiados en el juicio celebrado desde el 15 de enero por la financiación ilegal del PP valenciano estos son, sin duda, los empresarios que pagaron comisiones al partido en las elecciones de 2007 y 2008 a cambio de adjucaciones públicas.
Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, José Francisco Beviá, Vicente Cotino, los hermanos Berna y los hermanos Dols ya tiraron de la manta en marzo del pasado año, llegando a un acuerdo con la Fiscalía en la que se rebajaban sus penas de prisión de cinco o seis años a poco más de uno a cambio de admitir la irregularidad del PP de Camps.
No contentos con eso, los empresarios negociaron de nuevo, esta vez para evitar la prisión y pagar en su lugar un total de unos dos millones de euros entre los nueve imputados. Lo que ellos ofrecían era ratificar en el juicio iniciado el pasado lunes todo lo que ya comentaron en marzo. Y así hicieron.
Una multa inferior a los beneficios obtenidos por los empresarios en 2017
Tras declarar lo mismo que el pasado marzo, el juez les ordenó que salieran de la sala. No volverán a entrar a ella hasta el último día, donde no hará falta ni que hablen. Si bien es cierto que la táctica de los empresarios le ha venido bien a la Fiscalía, al obligar a Francisco Correa, a Pablo Crespo o a 'El Bigotes' a hablar para seguir sus pasos y rebajar las penas, la sensación que recorre el juicio es que los nueve imputados se han salido con la suya.
Porque dos millones de euros de multa entre todos es una sanción irrisoria para unos empresarios que, en la mayoría de los casos, siguen copando las adjudicaciones de la Comunitat Valenciana a pesar de las imputaciones.
Como señala El Diario, Gabriel Batalla y los hermanos Berna consiguieron, meses después de admitir los procesos de corrupción entre sus empresas y el PP, adjudicaciones millonarias, como si nada hubiera pasado. En el caso de Batalla, se hizo con el mantenimiento de las carreteras de Castellón por 27 millones de euros; los Berna, por su parte, lograron monopolizar los trabajos en las vías del norte de Alicante tras el pago de 52 millones.
Se espera que estos empresarios logren unos beneficios de entre 3 y 5 millones, cifra muy superior a lo que tengan que pagar finalmente por sus delitos. Este es el caso más destacado, pero no el único. De los nueve empresarios juzgados, solo los hermanos Pons Dols han perdido su empresa y están teniendo dificultades. Los demás mantienen su posición privilegiada y podrán sufragar la pena sin problemas. Solo así se explica el júbilo con el que abandonaron la Audiencia Nacional tras su última declaración.
