El pasado mes de diciembre, Antonio Rodríguez Miranda, uno de los altos cargos de la Xunta de Galicia nombrado por Alberto Núñez Feijóo, propuso un plan en Venezuela. El encargo consistía en que una fundación pública cubriría con fondos propios el agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de las ayudas de emergencia a españoles durante 2015 y 2016.
Según informa El Diario, en la reunión se dieron cita todo tipo de personalidades, como el embajador, Jesús Silva y el cónsul general, Juan José Buitrago. Todos los presentes en la cita forman parte del consejo de administración de la Fundación España Salud (FES), cuyo objetivo es "prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles".
Se trata de una fundación pública presidida por Jesús Silva, el embajador de España en Venezuela, que se llevó a cabo tras una reforma de los estatutos promovida por el Gobierno de Núñez Feijóo.
Cómo solventar el asunto
Aurelio Miras Portugal, un histórico dirigente del PP gallego, alertó a la Xunta de la necesidad de solventar aquel asunto para cubrir el agujero detectado por el Tribunal de Cuentas sin hacer mucho ruido.
Según informa el citado medio, la dirección del Gobierno gallego habría dado instrucciones a Rodríguez Miranda para intentar solucionar una crisis que apunta a un compañero de su partido, Juan de San Genaro Santana.
Según los informes del embajador Silva y del Ministerio de Trabajo, el anterior responsable del organismo, Juan de San Genero Santana, habría gestionado la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros que teóricamente se habrían dedicado a ayudas de emergencia social.
El informe del Tribunal de Cuentas señala que el importe correspondiente al cambio se entregó a la fundación, pero el diferencial que se obtuvo mediante el cambio en el mercado negro (hasta 40 veces más) habría acabado en el pago de actividades electorales. Es decir, se utilizó para el pago de reparaciones en sedes sociales de hermandades y hogares regionales, reponer vallas de seguridad o pintura de la carpintería exterior, además de la cobertura de diferentes peticiones.
Todo ello se reflejó en un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo, redactado tras la denuncia de José Manuel Gómez de Aranda, ya que se vio involucrado en aquellos repartos que hizo el titular, Juan de San Genaro Santana, antes de jubilarse.
A partir de ello, el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 su investigación y concluyó con un acta de liquidación que mostraba la existencia de "hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial".
La devolución de esos 300.000 euros
El principal señalado es Juan de San Genaro Santana Reyes, exlegionario, dirigente del PP en Fuerteventura e incluso diputado regional. Santana, por el momento, guarda silencio: "En estos momentos me debo a los tribunales de justicia, que han de valorar mis actuaciones. Yo soy responsable de mis actos, y por ellos espero que sea por lo que se me juzgue", declaró a eldiario.es.
Asimismo, todavía se desconoce si alguien ha devuelto aquellas cantidades al tesoro público; lo que sí es sabido es que no lo ha hecho la FES. Además, a pesar de que una fuente de la Secretaria de Emigración de la Xunta habría confirmado que la reunión entre Rodríguez Miranda, el embajador y el cónsul general no se convocó para abordar una solución al asunto, una segunda fuente sostiene que el principal motivo de la cita fue encontrar una solución con la que evitar que Juan de San Genaro Santana tenga que desembolsar aquellos 300.000 euros.
Durante aquella reunión, el cónsul general, Juan José Buitrago, se habría mostrado en desacuerdo total con la fórmula escogida para devolver los fondos, mientras que el embajador no se manifestó respecto a ella. No obstante, nadie la ha planteado a sus órganos para que se aborde.
Eso sí, otros integrantes de las FES se han manifestado contrarios al planteamiento del plan para tapar dicho agujero y lo han trasladado a la embajada, que por el momento se mantiene congelada a cualquier decisión.
No obstante, el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Rodríguez Miranda, se ha mostrado más predispuesto a aceptar aquella solución que evite a Santana desembolsar en solitario tales cantidades.
Además, no sería la única polémica en la que se habría visto envuelto Antonio Rodríguez Miranda, ya que su imagen ya se empañó tras el cobro presuntamente indebido de 26.000 euros en dietas de desplazamientos entre Ourense y Santiago, cuando en realidad hacía dichas rutas en coche.
Tras su caída anunció las devolución íntegra de aquellas dietas y el PP decidió mantenerlo al margen de la primera línea constitucional hasta diciembre de 2012, cuando le nombraron como secretario general de Emigraciones de la Xunta. Pero ahí no terminó todo: en 2015 volvió a sumirse en otra polémica: la presunta caja B del PP de Ourense que acreditó la investigación de la Operación Pokémon.
