El caso de Elena Cañizares ha copado todas las redes sociales. El caso de la enfermera infectada por coronavirus a la que sus compañeras de piso acosaron por WhatsApp para que abandonara su habitación y se marchara a su residencia de origen, junto a sus padres, ha provocado un polvorín.
Sobre todo, porque Elena contrajo el virus, en teoría, luchando contra el virus desempeñando su trabajo. Y sus padres son dos personas de riesgo, mayores de 60 años y con patologías previas. Elena simplemente quería cumplir con su cuarentena dentro de la habitación por la que paga un alquiler y siguiendo con los protocolos que indicó la rastreadora, es decir, que sus compañeras le dejaran la comida en la puerta sin contacto o que ella accediera a la cocina o el baño con una doble mascarilla y extremando las medidas de seguridad.
Una de las compañeras de piso se llega a quejar de que, en caso de contraer el coronavirus, no podrá continuar durante unos días con sus clases o el gimnasio. Además, le pide "ponerse en la piel del otro", que coja su coche y se marche con sus padres, personas de riesgo. El caso, ha indignado a toda la comunidad. Pero, llegados a este punto... ¿Quién tiene razón?
Esto es lo que dicen los protocolos: lo que podían hacer Elena y sus compañeras y quién tenía razón
El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad establece que cualquier persona sospechosa de padecer Covid-19 debe permanecer en su domicilio, preferiblemente en una habitación individual, durante los 10 días posteriores al último contacto. Las salidas, las mínimas imprescindibles, se deben realizar con mascarilla quirúrgica.
Las compañeras de piso eran sospechosas, por lo que deberían haber seguido este protocolo a tenor de lo que parece extraerse de lo publicado en redes sociales. "El contacto se deberá organizar para no realizar ninguna salida fuera de su casa que no sea excepcional durante su periodo de cuarentena", especifica el informe de estrategia de detección precoz, vigilancia y control, actualizado a 12 de noviembre.
Elena en ningún caso podía de salir de casa, como le ordenó la rastreadora, pero las compañeras sí que tenían la posibilidad de desplazarse a su lugar de residencia si se encontraban fuera de su localidad. Es decir que las compañeras podrían haber abandonado el piso si tanto miedo tenían a contraer el virus durante un plazo de solo diez días, que es cuando se puede contraer el patógeno. Eso sí, ellas también eran potenciales transmisoras, por lo que igualmente debían firmar un documento de declaración de responsabilidad según el que se comprometen a hacer un trayecto el más corto posible, tomar las medidas estipuladas, utilizar un medio privado y un alojamiento con las condiciones necesarias.
Si el contacto estrecho presenta algún síntoma, en este caso pasará a ser considerado caso sospechoso, por lo que debe hacer un "autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia" y contactar urgentemente con un sanitario. En cuanto se confirma el test positivo, deberá aislarse en su lugar de residencia o donde indiquen las autoridades sanitarias. Elena asegura que la rastreadora, en este caso, le indicó que permaneciera en su habitación, por lo que quedaba permanentemente prohibido que abandonara este alojamiento bajo cualquier concepto.
La situación de excepcionalidad que vive nuestro país no ha llevado a incorporar el hecho de saltarse la cuarentena como delito en el Código Penal, pero sí como una sanción que puede canalizarse por la vía administrativa. En una guía remitida en abril a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, el Ministerio del Interior preveía multas desde 600 hasta 10.000 euros para quienes se saltaran el estado de alarma en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
No se queda ahí. Por otro lado, el incumplimiento de las medidas de prevención y control adoptadas por las autoridades sanitarias puede considerarse una infracción contra la salud pública castigada con hasta 15.000 euros. Por ello, Elena debía pasar la cuarentena de diez días en el piso por el que, además, estaba pagando un alquiler.
