El Corte Inglés enfrenta una situación complicada en Madrid. La orden judicial que le obliga a demoler parcialmente tres centros comerciales construidos en suelo calificado con irregularidades, le ha llevado a exigir una compensación por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
En concreto, la firma de los grandes almacenes ha exigido una indemnización de 180 millones de euros a las Administraciones que actualmente dirigen José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, según señala El Confidencial. Los centros afectados son los situados en la calle Serrano (6.500 metros cuadrados a demoler), Campo de las Naciones (11.300 metros cuadrados) y Méndez Álvaro (7.500 metros cuadrados).
El daño para las cuentas no se limita a la pérdida de superficie comercial. Las modificaciones que exige el Supremo también obligan a realizar cambios estructurales en los edificios y, con ello, a cerrar estos grandes almacenes durante un período determinado. Además, todos los cargos de las obras corren a cuenta de El Corte Inglés, en virtud de la condena.
Tanto Comunidad y Ayuntamiento se encuentran al tanto de los trámites de la enseña de distribución y, por ello, han iniciado una serie de acciones con el objetivo de evitar la demolición impuesta por el Tribunal Supremo. Almeida y Ayuso aseguran que quieren evitar pagar a toda costa la indemnización que exige la compañía y que se corresponde, según sus propios cálculos, al coste de construir en suelo irregular.
La pelota en el tejado del Ayuntamiento y Comunidad
El Corte Inglés justifica su denuncia contra las dos Administraciones dirigidas por el PP en que la construcción de más de 25.000 metros cuadrados de forma irregular estaban basados en los permisos concedidos por el Consistorio y el Gobierno regional.
Para ello, la firma del triángulo verde se basa en la aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid aprobado en el año 1997. Los abogados simplemente señalan que la firma se limitó a aplicar la normativa aprobada en el Consejo de Gobierno de ambas Administraciones, unas decisiones que también han quedado anuladas por el Supremo por irregularidad. En base a ello, El Corte Inglés se considera como parte perjudicada porque construyó en un suelo que contaba, en aquellos momentos, con los permisos oficiales preceptivos.
La demanda permanece temporalmente paralizada en los juzgados mientras que Comunidad y Ayuntamiento negocian con los grandes almacenes una salida consensuada, especialmente una que no pase por la demolición ordenada por la justicia.
Sin embargo, en contra de ello permanece Fernando Guerra López, quien denunció las irregularidades en la construcción de estos centros. Su último gesto ha pasado por una defensa ante el tribunal del plan para demoler la parte sobrante de los centros, algo imposible de ejecutar según El Corte Inglés por cuestiones estructurales de los edificios.
"Un intercambio de cromos"
La sentencia que ahora afronta la compañía parte de una denuncia interpuesta en el año 2012, cuando Guerra López acudió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por permitir el cambio de edificabilidad de los inmuebles a cambio de la cesión de redes públicas y dos parcelas situadas en el distrito de Salamanca y Vicálvaro, donde se iban a construir zonas verdes y equipamientos.
Este acuerdo se aprobó en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 19 de enero de 2002, pero en junio de 2013, el TSJM anuló la decisión. Una orden que permitía "construir 25.300 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa comercial" de más. El caso llegó al Tribunal Supremo, que finalmente ha ratificado la sentencia del TSJM y ha involucrado al Ayuntamiento de Madrid por incumplir la ley del suelo regional.
El Supremo ha anulado también las licencias urbanísticas correspondientes, al considerar que no se ajustan a derecho y señala que quedan "consecuentemente sin efecto alguno dichas licencias", así como ordena "al Ayuntamiento y a Hipercor a la demolición de lo construido al amparao de las mismas".
