El Corte Inglés intenta evitar el derribo parcial de uno de sus centros comerciales más rentables, ubicado en el norte de Madrid, conocido como Campo de las Naciones, en el distrito de Hortaleza.
El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado un recurso presentado por los grandes almacenes en el que alegaba que el derribo parcial, decretado por el Tribunal Supremo, podía suponer una pérdida de empleos. Este centro supera en 11.300 m2 la construcción permitida por la Comunidad de Madrid.
El origen del contencioso se remonta a 2012, cuando un particular presentó una demanda contra la empresa del triángulo verde y llegó a un acuerdo con la empresa, después de que la Comunidad de Madrid modificara el Plan General de Ordenación Urbanística de 1997 que regulaba esos terrenos.
En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo el acuerdo y ordenó la demolición parcial del edificio, seis años antes de que lo hiciera el Tribunal Supremo.
Ahora, ha sido el TSJM quien ha optado por rechazar un recurso de apelación, en el que El Corte Inglés ha alegado que el derribo parcial afectaría "de forma directa e irremediable" a sus empleados y al de otras empresas "con contratos de uso o arrendamiento".
Mientras tanto, El Corte Inglés intenta que no se aplique esta sentencia de 2019, remodelando las instalaciones, además de que señala que la Comunidad de Madrid permitió el incremento de la edificabilidad en tres de sus centros por la cesión de dos parcelas en otros dos distritos.
Ante el rechazo de este primer recurso por parte del TSJM, la empresa ha presentado un primer recurso de casación, aunque el juez ha condenado a los grandes almacenes a pagar las costas. La empresa debería cerrar las puertas del centro comercial del centro durante la demolición y adecuación de los terrenos liberados para su uso comunitario en caso de cumplir la sentencia.
Méndez Álvaro o Serrano
Lo ocurrido en el centro comercial de Campo de las Naciones se une a Méndez Álvaro, donde El Corte Inglés pretende derruir sus grandes almacenes para construir dos torres de oficinas. En este caso, según una sentencia del Tribunal Supremo, se superó en 7.500 metros cuadrados lo permitido por la Comunidad de Madrid.
El edificio de la calle Serrano también habría sido construido con 6.500 metros cuadrados de más, unas instalaciones que abandonó el pasado verano.
