El Corte Inglés ha sufrido un revés judicial. El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) ha ganado el primer paso de la batalla en los tribunales que iniciaron los grandes almacenes tras la demanda en la que manifestaban que abandonaba el interés público de la compra de los terrenos en los que pretendía construir el centro comercial El Corte Inglés de Mataró.
La enseña pretendía recuperar por la vía civil una inversión de más de 24 millones de euros que realizó hace más de 15 años, cuando planeaba levantar en la manzana de Can Fàbrebas y Caralt un equipamiento comercial que iba a incorporar un aparcamiento de 839 plazas.
Cuando firmó el contrato de la parcela, la enseña del triángulo verde se comprometió a mejorar la oferta comercial y la movilidad en el centro de la ciudad, a la vez que acordaba colaborar con la promoción económica y la rehabilitación del patrimonio. La firma, sin embargo, no llegó a construir el centro y ha demandado a la empresa municipal de urbanismo PUMSA para recuperar el dinero invertido, sin embargo, no ha prosperado en el juzgado de primera instancia.
La empresa municipal presentó una declinatoria en el juzgado en defensa del interés público, para que esta cuestión fuera trasladada al contencioso administrativo, que ha sido aceptada por el tribunal, de modo que el municipio ve reconocida de este modo la dimensión pública de la causa.
De este modo, el Consistorio defiende que la ausencia del centro comercial que entonces se prometió ha impedido a la localidad de Mataró contar con una locomotora comercial de este calibre y la construcción del que debía ser el mayor aparcamiento del centro de la ciudad.
El Ayuntamiento ha lamentado que la empresa de grandes almacenes no cese en su voluntad de continuar litigando con la ciudad y que haya planteado un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el que PUMSA ha vuelto a presentar sus alegaciones.
Crisis del proyecto
El Corte Inglés se comprometió a construir un centro comercial de la enseña en Mataró cuando adquirió los terrenos, un proyecto que ha vivido grandes obstáculos por la antigua fábrica de Can Fàbregas, situada en el solar. Este edificio es patrimonio protegido y no puede derribarse, por ello se desmontó con el objetivo de trasladarla a unos terrenos adyacentes.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) negó el traslado al considerar que no era viable y obligó a reconstruir después la fábrica en su lugar original. Una decisión que se adoptó en 2018, fue ratificada por el Supremo y que, de este modo, dio golpe al proyecto.
Han pasado más de 5 años y la enseña ha reclamado el dinero invertido al Ayuntamiento, puesto que denuncia que no ha podido desarrollarlo por la necesidad de reconstruir la fábrica desmontada. La firma del triángulo verde invirtió alrededor de 30 millones de euros, en un terreno comprado al Consistorio.
El Ayuntamiento siempre ha negado las acusaciones y defiende que El Corte Inglés pudo levantar sus grandes almacenes desde 2012, pero que "ha buscado siempre una excusa para demorar su responsabilidad". Además, sostiene que la reconstrucción de las fábricas en los terrenos no impiden técnicamente la llegada de los grandes almacenes, ni el aparcamiento comprometido.
