El Gobierno español está trabajando en un borrador de la futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que ha sido elaborado por decenas de expertos. Lo que se pretende con esta Ley es obligar a los ciudadanos que presencien cualquier ataque contra un menor, así como a los colegios, a actuar mediante una denuncia. Se prohíben totalmente los castigos físicos y psicologicos con fines disciplinarios y se plantea, incluso, declarar a un niño "en riesgo" si es que sus padres realizan una "corrección violenta".
Este proyecto de ley ha sido redactado por Save The Children y por la Cátedra Santander de Derecho y Menores; responde a un trabajo de meses con especialistas de todo tipo, entre psicólogos, pediatras e incluso Polícia, Unicef y Naciones Unidas. El nombre del documento presentado es 'Borrador de Expertos y Organizaciones de la Infancia. Bases para una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia', y está fechado de agosto de este mismo año.
Supone un reforzamiento de todas las leyes que protegen a los menores de edad, sobre todo las relacionadas con los delitos sexuales. De aprobarse, el término 'pornografía infantil' debería sustituirse por 'imágenes de abuso y explotación sexual de menores'. De esta manera, se corta la relación entre la pornografía, donde se presupone que sus participantes eligen activamente formar parte de ella, y esta explotación sexual de menores.
De aprobarse esta ley, todos los colegios se verán obligados a impartir educación sexual integral a partir de los seis años. Será siempre adaptado a la edad y al "nivel madurativo" de cada menor, pero con una base lo suficientemente amplia como para que los menores aprendan a "conocer su propio cuerpo y el de otros", así como las distintas realidades sexuales. No solo eso, sino que en primaria también se trabajará para prevenir, detener y denunciar cualquier tipo de violencia. Gracias al conocimiento, los menores podrán defenderse con mayor facilidad, así como denunciar si han sido vejados.
Más cambios en la ley
"Se prohíbe expresamente cualquier tipo de violencia física, emocional o psicológica con fines disciplinarios", entre los que se incluirá el "aislamiento" y castigos que "limiten el contacto con los familiares". De darse algún castigo físico, psicológico o emocional, un menor podría ser considerado inmediatamente en "situación de riesgo", independientemente de que este sea prolongado o no. También se le declarará en riesgo si sufre un "conflicto abierto y crónico" entre sus padres, si no se acepta su identidad sexual o si se le reprime por formar parte del colectivo LGTBI. Siempre que haya una situación de riesgo, la Administración intermediará.
Sobre todo se busca, con la aprobación de esta ley, que los menores se encuentren más seguros en todos los ámbitos. Se hace especial hincapié en su seguridad sexual, y se prohibirá que cualquiera que haya cometido un délito a un menor trabaje de nuevo con menores.
