Hace muy pocos meses supimos por las noticias que el Congreso de los Diputados había logrado frenar la polémica LOMCE. Esto es lo que ocurre cuando se pretende implantar una ley educativa a espaldas de los ciudadanos. Pero, sin duda, tenemos ante nosotros una oportunidad única para mejorar de una vez la educación en España.
Los ciudadanos estamos hartos de que, con la llegada al poder de un partido político, se modifiquen las leyes educativas. Todos quieren dejar huella. Y tanto que lo hacen, a cada cuál peor
Durante mi etapa como estudiante he vivido varios cambios educativos. Empecé Primaria con la LOGSE y, cuando llegué al último ciclo, el Gobierno de Aznar introdujo la LOCE. En segundo de la ESO los socialistas aprobaron la LOE. Tras acabar Bachillerato y pasar a la Universidad, empezaba a querer implantarse el Plan Bolonia.
Recuerdo que todos los profesores andaban de cabeza. No conocían el contenido de la materia que tenían que impartir, ni los objetivos. Las editoriales tampoco habían tenido tiempo para adaptar sus libros de texto. Sin duda una odisea que terminamos pagando los alumnos.
Además, también tuve que soportar mis primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria en los famosos barracones. Ahora que lo miro con perspectiva reconozco que aquello no eran condiciones humanas para dar clase. Cada vez que llovía no podíamos asistir porque las aulas se inundaban. Además, la calefacción estaba siempre estropeada y pasábamos mucho frío en invierno y calor en verano. Y a todo esto hay que añadirle estar durante más de seis horas encerrado entre 'paredes' de pladur.
No parece tan complejo conseguir una reunión para ponerse de acuerdo todas la partes implicadas. De abajo arriba, sin excepción. Alumnos, profesores, sindicatos, AMPAS, administraciones y partidos políticos.
La necesidad de un proyecto educativo a medio y largo plazo
Uno de los principales problemas que debemos abordar con mayor urgencia es la existencia de diecisiete sistemas educativos. Hay tantos como Comunidades Autónomas. Lo lamentable de todo esto es que se genera una terrible desigualdad entre estudiantes de nuestro país.
Tal y como reflejan diversos estudios, los resultados académicos varían según la zona geográfica donde se realicen. Y es que un alumno residente en Galicia no adquiere las mismas competencias que otro de Valencia. Es una prioridad que el Estado recupere las competencias en esta materia.
El nuevo Pacto por la Educación también debe contemplar otro de nuestros puntos débiles: la Formación Profesional. Hay que abordar una profunda reforma en la que se equipare la titulación con Bachillerato y se adelante su incorporación a los adolescentes de catorce años
Otro de los debates que se debe iniciar, y que parece que ningún partido político quiere hacerlo, es la educación en casa. Es una realidad que viven bastantes familias en España y que, actualmente, se encuentran en un vacío legal.
Actualmente la Constitución Española reconoce la libertad de enseñanza. Por su parte, la Declaración de los Derechos Humanos defiende el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Sin embargo ninguna Ley Educativa ha reconocido este tipo de enseñanza, por lo que las personas implicadas deberían poder tener voz en ese Pacto de Estado.
Esta reforma educativa no debe olvidar la elaboración de una política efectiva y real contra el acoso escolar. Los centros educativos en general, y el profesorado en particular, juegan un rol fundamental en la detección de este tipo de actitudes.
Debemos reforzar la autoridad del profesorado y promover que impartan clase los graduados con mejores cualificaciones. Para ello los profesores deberían pasar por un MIR similar al de los profesionales médicos. De este modo podrían conocer mejor la realidad de la enseñanza, supervisados por compañeros con años de experiencia.
Si profesores, políticos, padres, alumnos y administraciones trabajamos unidos, podremos garantizar una verdadera educación pública y de calidad. El futuro está en nuestras manos.
