Esta pasada jornada del 24 de enero se ha vivido una de las reuniones más tensas de lo que va de legislatura en el Gobierno de Castilla y León. Los dos líderes de los partidos de la coalición que gobierna en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (VOX), se vieron en un encuentro previo a la reunión del Ejecutivo donde se discutirían las polémicas medidas antiaborto anunciadas por los de la extrema derecha.
El pasado 12 de enero los dos socios de gobierno pactaron un protocolo 'pro vida' que se pondría en marcha de efecto inmediato. Los médicosestarían obligados a ofrecer a las mujeres que estuvieran dispuestas a abortar escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D.
El anuncio de estas medidas fue realizado por García-Gallardo en presencia del portavoz del Partido Popular, Carlos Hernández Carriedo, sin que él pusiera objeción alguna y, además, el gobierno autonómico había repartido una nota de prensa a los medios que asistían. Éste comunicado hacía saltar por los aires el plan de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, de realizar un acercamiento al electorado más moderado de cara a las elecciones generales.
Los enfrentamientos entre los populares, que quisieron dar a entender que esas medidas no habían sido las pactadas, y los de VOX, que los acusaban de ceder ante la izquierda, no han parado de producirse. El punto álgido de estas discusiones llegaría en la reunión entre ambos mandatarios autonómicos del 24 de enero. Fuentes de la Junta, según publica El Diario, aseguran que Mañueco llamó "liante" al vicepresidente, quién respondió llamándolo "cobarde" y recriminándole el haberse echado atrás respecto a unas medidas consensuadas entre ambos.
A pesar de lo asegurado por los populares, estas medidas sí habían sido pactadas entre ambos socios de gobierno, y la nota de prensa distribuida durante la rueda de prensa en la que se anunciaron había sido realizada por la Consejería de Sanidad, regentada por el PP. En ella se enumeraban una serie de propuestas que deben de realizar los médicos en el caso de que una mujer se esté planteando el abortar: obligar a ofrecer una derivación al departamento de salud mental, una ecografía en 4D del feto, así como el escuchar su latido. Esto fue revisado por la Dirección de Comunicación del PP, quien dio el visto bueno.
Repercusión nacional
El revuelo a nivel nacional provocado por este anuncio no fue augurado por ninguno de los partidos que dirigen la comunidad autónoma. Desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia explicaron que la ejecución de este protocolo puede ser considerado como coacción y que, tanto las escuchas del latido como la ecografía en 4D, debe de tener un objetivo médico, nunca recreativo. Además, añadieron que las ecografías en 4D en los tres primeros meses de embarazo pueden suponer un peligro para el correcto desarrollo fetal.
Desde el ejecutivo nacional se amenazó con actuar legalmente contra el Gobierno de Castilla y León si se seguía adelante con este plan, ya que sería ilegal llegar a aplicar estas medidas, que van en contra de la Ley del Aborto que se aplica constitucionalmente a todo el país.
A pesar de los rumores de una supuesta ruptura del gobierno de coalición, desde el PP han asegurado que esto no se producirá y que se tratará de hallar un punto de encuentro entre ambos acerca de esta polémica propuesta. Queda por ver como actúan desde Génova, cuya intención de realizar una estrategia electoral moderada y centralista se ha visto dañada por este incidente castellanoleonés.
