La magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha acordado abrir el juicio oral contra David Serrano, el dueño de la finca donde falleció el pequeño Julen, niño de dos años que se precipitó por un pozo ilegal. El propietario, acusado de un delito de homicidio imprudente grave, también se le reclama el pago de una fianza de 885.300 euros.
Esta fianza que reclama la jueza es para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press. Si el acusado no la paga se le embargarán los bienes necesarios o suficientes para asegurar la cantidad señalada. La Junta de Andalucía llega a esa cuantía por los trabajos de emergencia y rescate que se realizaron en la zona. Además, la magistrada especifica que el juicio se celebre por la vía de los Penal, manteniendo la condición de libertad de David.
Responsabilidad de lo sucedido
La defensa de David Serrano ha mostrado su rechazo sobre de que todo el peso de las obligaciones de seguridad recayese sobre el dueño de la finca, y ninguna sobre el pocero. Sin embargo, la jueza ya estimó que Serrano "era conocedor de que el pozo se encontraba descubierto" y sin "las suficientes medidas de seguridad". Aun así, David insiste que el pozo de casi 60 metros de su finca de Totalán, donde cayó Julen, estaba tapado.
Las excusas de Serrano para desviar parte de culpa del pozo presentadas a la jueza, de poco le han servido. Ahora, el dueño de la finca tendrá unos días de plazo para depositar la fianza de 885.300 euros, antes de que sus bienes sean embargados. Mientras, sus abogados meditan presentar una solicitud de concurso de acreedores para informar que si no paga "es porque no puede, y no porque no quiere".
