"Dos polvos y 600 euretes" son los requisitos que impuso un funcionario del Ayuntamiento de Valencia a cambio de conceder a un prostíbulo la licencia para poder operar. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2014 y 2015 y, ahora, el funcionario ha sido sancionado con tres años sin empleo y sueldo.
El promotor se encargó de almacenar grabaciones telefónicas durante el proceso con el fin de obtener las pruebas suficientes para denunciar los hechos. En los audios aportados, se puede escuchar, por tanto, como el funcionario explicaba que gracias a él, el dueño del local "se había ahorrado mucho dinero" y que se podría arreglar "con 600 euretes".
Además, el responsable de este caso de corrupción prometía a los dueños del local que, cuando estuviese abierto el prostíbulo, agilizaría los trámites para que pudiese obtener la licencia"a cambio de dos polvos". Las grabaciones recogen además frases como "tranquilo, que no voy a cobrar hasta que no lo tengáis" o "no digáis a nadie que estoy detrás de todo el rollo".
Una nueva sentencia para el caso
El caso ya había llegado a los tribunales en 2017, cuando el funcionario quedó absuelto mediante la vía penal, al entender que se incumplía uno de los requisitos del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, manteniendo las grabaciones como prueba de lo ocurrido, los hechos se denunciaron por la vía administrativa.
Ahora, una nueva sentencia reafirma el castigo de tres años de suspensión de empleo y sueldo para el funcionario. Además, el juez ya ha desestimado sus pretensiones de recurrir la decisión judicial.
Frente a los argumentos del trabajador, que alega que el expediente administrativo había caducado, el juez afirma que el tiempo que el procedimiento permanece paralizado no se incluye en el cómputo. Además, el fallo judicial recuerda que la Administración está condicionada por los hechos probados en sentencias firmes, aunque, en ocasiones, no sean suficientes para una condena penal.
De igual modo, el juez sostiene que el sancionado se aprovechó de su posición de poder como funcionario en su beneficio propio, aunque ello conllevara dañar el honor de la Administración.
