La Guardia Civil mantiene detenido a Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro delito fiscal. El arresto del expresidente de la Comunidad Valenciana se produce después de que los agentes realizasen un registro contra Marcos Benavent, apodado como 'el yonkie del dinero'.
En uno de los registros en torno al caso Taula la Guardia Civil encontró varios documentos que hacían referencia a Benavent. Tras analizarlos, comprobaron que se trataba de presuntos pagos en dos licitaciones importantes que se llevaron a cabo en la Comunidad Valenciana en 1997 y 2005, según publica El Español.
Dentro de la investigación contra Benavent, este llegó a reconocer en los juzgados que los documentos se los entregó un inán sirio en 2012 radicado en Valencia, aunque aseguró que desconoce si dichos documentos tienen que ver con alguna causa penal o actividad criminal concreta. Asimismo, garantizó que no los manipuló ni realizó copia alguna ni se los enseñó a nadie. Por el momento el nombre del ciudadano sirio permanece bajo secreto de sumario.
Los documentos, según el medio citado, recogerían información sobre las licitaciones y adjuducaciones que se investigan e información sobre "operaciones societarias que se derivaron de esos negocios". La Fiscalía Anticorrupción conoció estos datos y separó los documentos que hacían referencia al caso Taula para presentar una denuncia por estas licitaciones que han culminado con la detención de Eduardo Zaplana.
Caso Taula
El caso Taula es una investigación sobre las supuestas prácticas corruptas realizadas por varios cargos del PP en la Comunidad Valenciana. La investigación se centra, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la empresa Imelsa, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento valenciano, la empresa Ciegsa que pertenece a la Generalitat y la Fundación Jaume II El Just.
Los detenidos por esta trama de corrupción fueron Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, sus exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina y la exconcejal en Valencia María José Alcón, entre otros concejales populares. Esta investigación también dio pie a que se investigase a Rita Barberá que fue llamada a declarar como imputada por un supuesto blanqueo de capitales. Dos días después fallecía a consecencia de una cirrosis.
Todo comenzó tras la denuncia de Rosa Pérez, dirigente de Izquierda Unida en la Comunidad valenciana y de la presentación de unas grabaciones poor parte de Marcos Benavent, quiien fue exdirigente de la empresa Imelsa.
