Supongamos que eres padre, es verano y acabas de venir con tu hijo de hacer la compra, con un calor achicharrante. Llegáis a casa y recoges del buzón una carta con un estampado enorme del Ministerio de Educación. ¿Qué será? ¡Ah, sí, los resultados del examen que hizo tu hijo o hija antes de terminar el curso! Tuvo que estudiar bastante, y sigues sin entender para qué sirvió realmente esta prueba; total, él llevó todo al día durante diez meses y el resultado de esta reválida no iba a servirte para saber si es o no apto para pasar a Secundaria, tampoco para tener una idea sobre cómo le irá en la ESO. Bueno, en septiembre comenzará el instituto, una etapa difícil y que le va a hacer pasar una de sus peores épocas en lo referente a cambios en la personalidad; te va a contestar por todo, te va a llevar la contraria por sistema y... bueno, va a hacer exámenes cada dos por tres. (¿Para qué anticipar lo inevitable...?)
Pero pongamos ahora otro supuesto, un hipotético caso en el que esto no hubiese pasado nunca, donde la reválida que proponía el ex ministro José Ignacio Wert y que fue tejiendo cual jersey de lana durante varios meses nunca hubiese encontrado el hilo necesario. Eso ha sucedido esta semana en España, para la suerte de todos y de las nuevas generaciones de estudiantes. La 'Ley Wert' es un virus que poco a poco se va disipando de casi todas las comunidades autónomas, quienes más o menos han encontrado el cerrojo para que sus alumnos no tengan que hacer lo que algunos intentaban imponer sin preguntar a nadie.
El gobierno de Rajoy cuenta ahora con Íñigo Méndez de Vigo, que tiene más mano izquierda, y ha permitido que se aborte la decisión de un total de doce autonomías de cara a la no realización de la dichosa reválida que todos los alumnos de sexto de Primaria iban a tener que hacer antes de dejar la escuela. Pongámonos en contexto, que es como mejor se entienden las cosas.
El origen de la reválida de la 'Ley Wert'
En resumidas cuentas, el Ministerio que dirigía Wert proponía un examen de 200 preguntas donde un 40% de ellas eran tipo test. Las asignaturas de Lengua e Inglés iban a ocupar casi la mitad de la nota del examen y los profesores no harían más que de meros supervisores, porque esta prueba iba a ser corregida por agentes externos al centro. ¿El objetivo? No te lo pierdas: hacer ránkings. Podrían decir misa, pero eso de crear clasificaciones como si de ligas deportivas se tratase es algo que llamaba mucho al Partido Popular, ya que de este modo se crearía una cierta competitividad entre comunidades autónomas para ver "quién la tiene más grande". Dicho de otro modo: introducir competitividad para intentar mejorar los resultados.
Se pueden introducir más interpretaciones, ventajas y desventajas a esta reválida, pero este fin no se podía eludir porque estaba ahí y era uno de los principales. El pasado 3 de mayo, el Gobierno de Rajoy ponía punto muerto y le cedía de nuevo el testigo a las comunidades autónomas, dejando así de ser una prueba con las mismas reglas en todo el país. En menos que canta un gallo, un total de doce autonomías han decidido cortar por lo sano y abandonar la idea de someter a alumnos de doce años a realizar una prueba que les llevaría presión, agobio y que en ningún caso impulsaría su espíritu crítico. ¿Era acaso bueno para ellos? ¿A quién beneficiaría en caso de producirse? ¿Se fomenta el modelo procedimental en la enseñanza o únicamente el conceptual -véase el 40% de preguntas tipo test-? Encima, era de diagnóstico, por lo que se refuerza el argumento de los ránkings. Echemos un vistazo a las doce autonomías que le han dicho que no a Rajoy, que han hecho uso de la potestad concedida por Méndez de Vigo para dejar de lado la reválida.
12 comunidades no; las 5 del PP sí
Por un lado, tenemos las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha. Estas ocho comunidades -que suman un total de 209.989 alumnos de los 460.025 matriculados este año en sexto de primaria-, minimizan el efecto de la prueba, que pasará a ser un examen corregido por el propio centro, con todo lo que ello conlleva; es decir, preparación, realización y corrección. Se hace en el colegio y se queda para el colegio, nada de comisiones externas. A éstas tenemos que sumar al País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias, que se niegan a efectuar esta evaluación. En total, 331.000 alumnos no harán el examen.
Estos números se traducen en que siete de cada diez estudiantes de educación primaria no realizarán el examen de sexto de primaria que proponía (hasta hace poco, imponía) el gobierno de Rajoy. Finalmente, llegamos al otro lado de la balanza, ¿quiénes sí realizarán la prueba de diagnóstico? Las cinco comunidades gobernadas por los populares (Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja, además de Ceuta y Melilla) sí se someterán a la reválida, aproximadamente 130.000 alumnos y alumnas residentes en España.
El ministerio ha evitado hacer declaraciones ante este revés que afecta al 71% de todos los alumnos de sexto de primaria este curso; no han dejado claro si para ellos esto supone un incumplimiento de la normativa, pero sí piensan que todas las comunidades deberían hacer la evaluación, tal como "establece la ley", con profesores diferentes a los del centro educativo.
Veremos en qué queda todo esto y de qué sirve la reválida, pero parece que va a ser algo -útil o no- para muy pocos. Nuevo no a la LOMCE, uno más para la lista.
