VOX ha experimentado un notable giro en su discurso sobre el cierre del Congreso durante la pandemia. Su primera postura se evidenció el 10 de marzo de 2020, cuatro días antes del primer estado de alarma. Aquella jornada, la formación de ultraderecha presentó formalmente a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la paralización de todas las actividades para frenar los contagios.
Pero solo nueve días después todo cambió. Cuando la Mesa del Parlamento aprobó el día 19 de marzo la suspensión de los plazos reglamentarios para la tramitación de las iniciativas parlamentarias, que no implicaba el cierre del Congreso, VOX recurrió ante el Tribunal Constitucional.
La formación de ultraderecha, que había pedido nueve días antes el cierre, ahora consideraba dicha suspensión "un secuestro" de la actividad parlamentaria. Muy diferente a la anterior carta, donde reclamaban que la asistencia fuera segura para retomar la actividad.
Fue Macarena Olona quien firmó la carta enviada a la presidenta del Congreso el 10 de marzo de 2020: "Le rogamos encarecidamente que suspenda todas las actividades plenarias y en comisiones previstas esta semana y hasta el momento en que tengamos la certeza de que podemos desarrollar nuestra actividad en el Congreso sin riesgo alguno para la salud".
Fue ese 10 de marzo, precisamente, cuando el diputado de VOX y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, había dado positivo por coronavirus y sus compañeros se ausentaron del Congreso. La Mesa también tomó medidas tras conocer lo sucedido.
La semana siguiente se reanudó la actividad y el 18 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre el estado de alarma que había aprobado cuatro días antes. Realmente, nunca hubo cierre del Congreso, sino que se suspendieron los plazos para presentar enmiendas o preguntas escritas. El Constitucional prevé dar la razón a VOX, según publica el diario El País.
Los letrados apoyaron la suspensión
La suspensión temporal de los plazos reglamentarios en el Congreso de los Diputados fue avalada por los servicios jurídicos del Parlamento. La medida, apoyada por PSOE y Unidas Podemos, contó con el rechazo de PP y VOX y supuso una suspensión durante 20 días sin cierre de la Cámara Baja.
El escrito de la letrada séanla que el Congreso no se puede cerrar ni interrumpir su actividad, atendiendo al artículo 116 de la Constitución. Aunque añade: "Esta prohibición absoluta, que incluye la garantía del libre acceso de los miembros de la Cámara, no está necesariamente vinculada con una imposibilidad de que los plazos de tramitación se puedan interrumpir. Son cuestiones diferentes". Además, señala que dicha iniciativa debe ser "excepcional, temporal, motivada y proporcional" y la justificaba en la situación de pandemia.
