El Partido Popular lleva dos años saltándose a la torera la Constitución Española con la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). La formación conservadora pretende controlar el máximo órgano judicial extrapolando la mayoría absoluta de 2011, con Carlos Lesmes al timón desde el 2013 a pesar de que tiene el mandato caducado desde hace dos años.
Ofrece cierta ironía que el PP vea un espejo de Polonia en la reforma del sistema de renovación del CGPJ, como ha criticado el consejero madrileño de Justicia Enrique López.
Sobre todo, porque el organismo tenga mayoría conservadora y se prepara para realizar cuatro nombramientos de presidencias en en Tribunales Superiores de Justicia, todas las vacantes del Tribunal Supremo, tanto las existentes en la Sala Penal, como para la presidencia de las Sala de lo Contencioso-Administrativo, Social y Milita.
El Gobierno lanzó un llamamiento al órgano de gobierno de los jueces, recordando que su mandato estaba caducado en virtud de la Constitución y que los nombramientos debían quedar en 'stand by' hasta que un CGPJ renovado tuviera la legitimidad necesaria para emprender el citado proceso.
La guerra entre el Poder Judicial y el Gobierno, sin embargo, es flagrante, un contrapeso de poderes que excede el control institucional y se torna en una auténtica lucha de poderes. Una crisis institucional que, por cierto, pone el acento sobre la conveniencia de abrir el melón, de una vez por todas, de una verdadera despolitización de la Justicia en España que termine con este tipo de guerras partidistas donde no toca.
La falta de miras de Casado
Casado no desvincula la Administración de la política, no piensa que necesitará también una oposición constructiva si algún día llega a ser presidente, no ofrece una alternativa sólida frente a los populismos de ultraderecha, no mira el espejo de grandes líderes como Merkel o Macron, al que tanto ha reivindicado en muchas ocasiones
La propuesta de PSOE y Podemos parece, de primeras, un farol para que el PP se siente de una vez por todas a negociar una reforma necesaria del CGPJ; a la vez que la formación conservadora parece dispuesta a tensar la cuerda y romper la baraja a la espera de que la UE termine incorporando a España en la órbita del húngaro Orban y dúo polaco Duda-Kaczynski.
Si eso sucede, sin duda Puigdemont abrazará a Pablo Casado como un verdadero aliado del independentismo catalán en Europa, tiempo al tiempo. No sería la primera vez que el PP es el máximo sostén para sus intereses. Pero la 'tourné' que promete el PP por todo Bruselas desprestigiando nuestro sistema judicial promete terminar con Dolors Montserrat portando un lazo amarillo y Abascal compartiendo mansión en Waterloo con algún que otro líder gerundés.
A todo esto, no hay que olvidar, no obstante, que el PP ya cambió la ley, por ejemplo, de RTVE en 2012 para elegir al presidente de la cadena pública, esa que garantiza el derecho a una sociedad democrática y plurar, desde una mayoría cualificada, a una absoluta. Con ello, Rajoy se quitó de pactar con el PSOE y se permitió el lujo de pactar consigo mismo.
Ahora, todo es diferente. Muy diferente. La 'dictadura' que pretenden vender debería pactarse con los socios de la investidura, alrededor de 16 partidos que a 'priori' parecen dispuestos a ceder. Partidos de izquierdas y también de derechas. Sí, también formaciones nacionalistas que reivindicarán sus intereses, como es obvio. Curiosa 'dictadura'.
Pablo Casado, líder de la oposición, mientras tanto, hará dejación de funciones para ejercer una suerte de labor de tertuliano. Quizás no es consciente de que algún día deberá gobernar y también necesitará la mano de la oposición para determinados puntos que no se prestan a la política... sino a la mera gestión de la Administración,
