Tras ser el centro de todas las polémicas debido a su periplo judicial con Australia, que ha terminado con el país deportándole de su territorio, la agencia Reuters ha informado ahora de que Novak Djokovic posee el 80% de una empresa farmacéutica que se dedica a desarrollar un tratamiento contra el coronavirus.
El tenista adquirió en concreto el 80% del capital de la 'biotech' danesa QuantBioRes, que cuenta con once investigadores que trabajan en Dinamarca, Australia y Eslovenia con el objetivo de desarrollar un tratamiento para el coronavirus, no una vacuna, tal y como han querido aclarar.
La agencia cita como fuente al propio director general de la compañía, Ivan Loncarevic, que se describe a sí mismo como un emprendedor y que ha explicado que la inversión del tenista se produjo en 2020, aunque no ha querido dar detalles de a cuánto asciende la cantidad total.
En concreto, la empresa está desarrollando un péptido, que inhibe la infección de la célula humana por el coronavirus. Desde la compañía esperan poder lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña para el próximo verano.
Caso Djokovic
Por su parte, el equipo de Djokovic ha preferido no hacer ningún tipo de declaración respecto a esta noticia. El tenista ha reavivado el debate sobre los derechos de las personas que optan por no vacunarse debido a sus intentos por acceder y jugar el Open de Australia a pesar de no tener la pauta completa de vacunación.
Tras varios días retenido, el país finalmente decidió expulsar al tenista, que se ha quedado sin poder jugar el torneo. Además, su decisión de no vacunarse le puede generar problemas también de cara a otros torneos, como el Roland-Garros de París, donde Francia ya ha anunciado que el serbio tampoco se podrá presentar si no cuenta con la dosis completa de la vacuna.
En nuestro país, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ya anunció que sí le abriría la puerta a jugar en el Mutua Open de Madrid debido a que su presencia suponía "un gran reclamo". Sin embargo, poco después, el alcalde quiso matizar que la decisión final estaría en manos del Gobierno.
