El Partido Popular mantiene un debate interno en torno a la illegalización de los partidos soberanistas como el PDeCAT, ERC o la CUP. El primero en plantear esta cuestión ha sido el vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, que pertenece al sector duro del PP; pero la voces que plantean esta posibilidad crecen por momentos.
Los argumentos empleados se basan en que sus acciones atacan al núcleo del ordenamiento jurídico español y citan a otros países europeos en los que existen esas prohibiciones, como Alemania o Francia. Algo que no se ajusta exactamente a la realidad si se tienen en cuenta formaciones como el Partido de Baviera.
En esta tesis también se sitúa el líder del PPC, Xavier García Albiol, que ha llegado a asegurar que se debe "replantear la ley electoral" para impedir que gobiernen "los que llevan a la destrucción de España", en referencia a los partidos secesionistas
Albiol reflexionó sobre este asunto con las siguientes palabras:
Estoy abierto a escuchar opciones justas, equilibradas y equitativas. Pero no me parece muy presentable y no me parece que ocurra en otro país que alguien se presente para destruir tu propio país. Me parece insólito. Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no me parece admisible
La postura también es defendida por el sector crítico del Partido Popular, representado por las plataformas Libres e Iguales, el club Floridablanca y la fundación dirigida por el expresidente José María Aznar (FAES). Tres agrupaciones situadas en el ala más conservador del partido.
Sin embargo, en Génova, donde teóricamente gobierna el sector más centrista de la formación conservadora, se niega tajantemente que Rajoy, si quiera, llegue a plantearse esta posibilidad: "Son declaraciones a título personal", llegó a decir el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, para desmarcarse.
La situación abre un nuevo frente en el seno de un PP que, pese a mostrar unidad de cara al público, guarda muchas guerras internas bajo la alfombra, como las protagonizadas entre el G-8 (sector que agrupa, por ejemplo, a Margallo o Cospedal) y el de Soraya Sáenz de Santamaría (con Dolors Monserrat, Alfonso Alonso, Álvaro Nadal o Fátima Báñez en su cuerda).
Entre los sectores más conservadores de la formación se está criticando fuertemente la manera en la que Rajoy ha afrontado la crisis catalana, y demandan 'mano dura' frente al independentismo. Quizá por ello, el Gobierno está comenzando a endurecer su retórica y ya habla del 155 con menos tapujos. Sin embargo, en medio de esta cuestión, cabe recordar que el PP se apoya actualmente y ha gobernado tradicionalmente gracias al apoyo de formaciones nacionalistas, como la antigua Convergéncia.
Dejando de lado los debates, lo cierto es que ilegalizar estas formaciones en plena crisis política supondría un duro golpe para la imagen internacional de España, un soplo de aire fresco para el independentismo y el aumento de la tensión en las calles. Tres situaciones que, por el momento, conviene evitar.
