"Tenemos que ser muy astutos. Tenemos que dar pequeños pasos hacia atrás y ser conscientes de que no podemos pasar del todo a la nada". Así ha descrito Gádor Joya, diputada de VOX en la Asamblea de Madrid, la estrategia del partido para eliminar el aborto y la eutanasia, reconocidos legalmente en España.
La formación ultraderechista busca aprobar una serie de cambios normativos que, sin entrar en el marco legal y aprovechando su influencia en gobiernos autonómicos como Madrid o Andalucía, permitan imposibilitar ejercer estos derechos.
Gádor Joya, además de diputada, cuenta en su currículum su papel como exdirectiva de la organización ultracatólica HazteOír. Fue una de las ponentes del Foro Europeo por la Vida, que organizó VOX el pasado 18 de diciembre.
El acto estuvo presentado por el vicepresidente político del partido, Jorge Buxadé y contó con la participación de activistas contrarios al aborto, figuras del fundamentalismo católico a nivel nacional e internacional, así como las ministras de Familia de Polonia y Hungría, Barbara Socha y Katalin Novak.
Revertir el apoyo social
Las intenciones de VOX en materia de aborto y eutanasia tienen por contra el fuerte respaldo social que mantienen en España. La última encuesta de Ipsos, de septiembre de 2021, fijaba un apoyo del 59% para el aborto libre y solo un 1% lo rechaza en todos los supuestos, la medida que prefiere VOX.
Por su parte, el 64% de los españoles está a favor de la nueva ley de eutanasia, según una encuesta de 40dB para el diario El País y la Cadena SER. Su estrategia, sin mayoría ni respaldo social suficiente por el momento, no pasa por derogar estos derechos, sino poner trabas e intentar un cambio de mentalidad al respecto.
"Hay que luchar para cambiar esa ley, pero el hecho de que tengamos esa ley lamentable no impide que podamos trabajar para paliar sus efectos letales", defendió entonces Gádor Joya, en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo.
Este precepto se traduce en políticas concretas. Por ejemplo, VOX quiere que los centros de atención primaria, los médicos de familia hagan ecografías "a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto". Gádor Joya señala que "obligar por ley a que no haya una sola mujer a la que se pague el aborto por la Comunidad de Madrid si no acude con una ecografía hecha".
En Murcia, los diputados díscolos de VOX que ahora sostienen al Gobierno (y ostentan la Consejería de Educación) han propuesto que la gestaste deba realizarse una ecografía real con sonido y movimiento del embrión antes de que firme el consentimiento para que se le practique el aborto.
VOX ve ahora fácil atacar el punto que permite el aborto libre hasta la semana 22 del embarazo en caso de graves malformaciones fetales, algo que considera un trato discriminatorio para las personas con discapacidad. "Hoy en día es políticamente correcto hacerse fotos con niños con síndrome de Down y participar en carreras solidarias. Tenemos que utilizar eso en el buen sentido de la palabra", afirma Joya.
En cuanto a la ley de eutanasia, VOX mantiene un recurso en el Tribunal Constitucional. En la Comunidad de Madrid, donde sostienen al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha aplicado con retraso respecto al resto de autonomías: hasta el 19 de octubre no se creó la Comisión de Garantías y Evaluación que tiene la última palabra en cada caso, a pesar de que la ley entró en vigor el 25 de junio. A principios de diciembre se habían practicado tres eutanasias en Madrid frente a 24 de Cataluña.
VOX sabe que no tiene el apoyo social suficiente para los cambios normativos que plantea, motivo por el que se propone "utilizar todos los instrumentos legales" a su alcance, "pequeños pasos hacia atrás" para llegar hasta sus objetivos.
