"Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca". Esta frase, pronunciada por Mariano Rajoy en 2012, suponía la justificación con la que se pretendía acallar a aquellas voces que criticaban lo que más tarde se ha demostrado que sería un salvavidas a la banca pagado por todos los ciudadanos.
Es precisamente en 2012 cuando España recibe un rescate por parte de Europa en forma de 100.000 millones de euros, con un tipo de interés más bajo que el del mercado, para poner orden en los bancos y sanear el sistema financiero. Cuatro años después, el Banco de España ha emitido una nota de prensa en la que afirma que el Estado ha recuperado únicamente un 5% del total de las ayudas a la banca.
1 ¿Por qué se produjo el rescate a la banca?
Con el boom inmobiliario durante la década pasada los bancos iniciaron una política arriesgada: partiendo de la base de que la propiedad inmobiliaria nunca baja de precio, comenzaron a dar préstamos y a firmar hipotecas con un alto grado de riesgo. Para continuar prestando dinero, pidieron prestado a otros bancos europeos que ofrecían dinero a un bajo tipo de interés. Así, colocaron hipotecas a un precio mayor de su valor y financiaron proyectos inmobiliarios para seguir colocando hipotecas.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda se desploma; los particulares no pueden pagar la deuda y los bancos tampoco. La inyección del rescate bancario sirvió para que las entidades financieras españolas no se declarasen en quiebra, lo que hubiese implicado que ni siquiera los depósitos de los particulares estarían disponibles, y también para que pudiesen seguir pagando la deuda a las entidades exteriores y evitar así un contagio del problema a la banca internacional.
Sin embargo, la forma en la que se ha producido el rescate ha dado ventaja a las entidades financieras y ha empujado a los contribuyentes a pagar los excesos de la banca.
Cuando este gran agujero se detectó, el Mecanismo Europeo de Estabilidad prestó dinero a España vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que proporcionó este dinero a las entidades financieras españolas para que pudiesen devolver sus préstamos. Este es el famoso rescate encubierto a España, que debe ser devuelto a Europa de un modo u otro. Por ahora, parece que esa devolución está saliendo de los bolsillos de todos los ciudadanos.
2 2.686 millones recuperados y más de 26.000 perdidos
Desde 2009 el montante total necesario para frenar la quiebra de la banca española ha sido de 61.495 millones de euros, de los que un gran porcentaje ha ido a las cajas de ahorro. De este dinero, 53.553 millones fueron en su mayoría aportados por el Estado a través del FROB y 7.942 millones por las entidades financieras a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). A esta cifra aportada por el FROB, dinero público, hay que restarle 2.250 millones de euros que fueron previamente inyectados por el FGD, es decir, por las entidades financieras. Así, las ayudas al sector financiero aportadas por el Estado suponen 51.303 millones de euros.
Estas ayudas públicas únicamente hacen referencia a la recapitalización de la banca, es decir, al dinero destinado a aumentar el capital de estas entidades financieras para mejorar su relación con los activos vinculados al sector inmobiliario.
De este dinero destinado a la recapitalización del sector bancario, el Estado solo ha recuperado 2.686 millones, un 5,23% del total, tal y como lo explica en su nota el Banco de España. Sin embargo, la situación aún puede empeorar: según publica El País, el propio banco central español ha admitido que 26.300 millones de euros que salieron del sector público a las entidades financieras para su recapitalización se dan completamente por perdidos.
3 Avales y créditos: cuando el riesgo lo asumen los ciudadanos
Sin embargo, las ayudas a la banca no se han producido únicamente a través de la recapitalización; las garantías y los avales concedidos por el FROB y el Estado han socializado el riesgo que asumen los inversores en el momento de adquirir diversos activos.
Tal y como explica la nota del Banco de España, de entre los diversos sistemas de garantías utilizados destacan los esquemas de protección de activos, también llamados EPA. Este aval se otorga a los bancos que adquieren alguna entidad financiera con problemas, con la promesa de que el Estado, a través del FROB, asumirá las potenciales pérdidas de la cartera de créditos del banco adquirido. De esta forma, el Estado ha perdido con los EPA 918 millones de euros.
Por otro lado, el Estado ha concedido avales a las entidades de crédito por valor de 110.895 millones de euros, de los que se han devuelto el 99%, 109.836 millones. A pesar de que el Banco de España asegura que no se espera que se produzcan pérdidas derivadas de estos avales, lo cierto es que los ciudadanos han asumido el riesgo de las inversiones en el sector bancario.
4 El 'banco malo' también da pérdidas
La Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida por su acrónimo (Sareb) o simplemente como 'banco malo', es una sociedad constituida para que los bancos en proceso de reestructuración se desprendan de sus activos inmobiliarios tóxicos, que lastran sus balances. La Sareb está participada en un 45% por el Estado a través del FROB y ha aportado un total de 2.192 millones de euros, a los que hay que sumarle los avales públicos concedidos por el estado a la deuda que emite el Sareb por un importe de 43.476 millones de euros.
Según ha publicado El Confidencial, un documento emitido por la Comisión Europea advierte de que las pérdidas que proporciona Sareb son preocupantes, y que el Estado español podría acabar cargando con la deuda, un equivalente al 4% del PIB.
Luis de Guindos, Ministro de Economía, afirmó en 2012 en el Parlamento: "No le quepa la menor duda de que se recuperará la mayor parte de lo destinado a los bancos nacionalizados. El préstamo no tendrá coste para la sociedad, sino todo lo contrario". Sin embargo, cuatro años después todavía faltan por pagar 51.303 millones, de los que ya se dan por perdidos 26.300 millones de euros.
