La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aceptado las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Ambos han presentado su renuncia tras las protestas que han realizado los gobiernos de Cantabria y Asturias por el proyecto de construcción de trenes, destinados a dichas Comunidades Autónomas, que no podían entrar en los túneles.
El problema con los gálibos de los túneles de Adif y los trenes encargados por el operador ferroviario se conocía desde hacía un año y medio en el ministerio dirigido por Raquel Sánchez, pero no fue hace hace un mes cuando se destaparon los problemas del proyecto, que cuenta con un coste de casi 260 millones de euros.
La ministra Raquel Sánchez había pedido responsabilidades a Renfe y Adif, que desde hace unas semanas cesaron a ambos cargos como responsables de la falta de entendimiento entre ambos organismos. Se trata de una crisis que comenzó en 2019 (con Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif), cuando Renfe publicó un contrato para la adquisición de 31 trenes de ancho métrico (vía estrecha), así como la renovación de la flota de Cercanías. El contrato se adjudicó a CAF por 258 millones de euros, pero el fabricante advirtió de que presentaba contradicciones entre la red ferroviaria y las condiciones.
Acusaciones cruzadas
Estos hechos llevaron a un cruce de acusaciones entre el gestor de las infraestructuras y el operador ferroviario que se ha ido extendiendo en el tiempo de manera frecuente. Raquel Sánchez reconoció el pasado 6 de febrero que el ministerio no tiene el diseño definitivo de un tren que tenga capacidad de caber dentro de los túneles, pero que tiene confianza de tenerlo "aproximadamente en verano", para perfilar entonces un calendario de producción y entrega.
El resultado no se centra tanto en los aspectos económicos, porque todavía no se han fabricado los 31 trenes, sino en el considerable retraso de hasta tres años que conlleva la producción. Por ello, se esperaba que no se pudieran disfrutar de los coches hasta antes de 2026.
