A pesar de que el Gobierno de España ha aprobado la ley de Memoria Democrática con la intención de aplicar la norma en el conjunto del país, algunas autonomías presididas por coaliciones de PP y VOX han optado por aprobar leyes autonómicas que han denominado de 'concordia' como alternativa.
Una de ellas se plantea en Aragón, donde el Ejecutivo de Jorge Azcón (PP) ha derogado el texto autonómico aprobado en 2018 para lanzar una nueva normativa que ha calificado "por la concordia, reconciliación y el recuerdo" alternativo.
El Gobierno de España ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional ante la aprobación de estas normas, que se han planteado en varias Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
Uno de los casos más llamativos ocurre en Castilla y León, una autonomía que aprobó una norma sobre memoria histórica durante el mandato de Juan Vicente Herrera (PP), y de la que había hecho gala como una contraposición de su partido en la comunidad.
Equipara el franquismo con la II República
Las autonomías conservadoras han defendido la aprobación de estas leyes alternativas alegando que la Memoria Democrática supone una visión "partidista" e "ideologizada" de la historia, por lo que proponen modificar su visión.
Por ejemplo, el enfoque de las normas diseñadas por PP y VOX equipara el franquismo con todo el período de la II República Española y, de hecho, extiende el período incluido dentro de sus legislaciones hasta 1931, mientras que la Memoria Democrática se centra en la reparación de la dictadura y la Guerra Civil.
PP y VOX han defendido que tienen como intención "ensanchar" las normas y, para ello, en lugar de centrar la ley en la dictadura, incluyen también "el azote del terrorismo etarra e islámico", así como la II República. Cabe tener en cuenta que países como Argentina o Alemania también destacan por sus legislaciones, que se centran en sus regímenes (Junta Militar o Nazismo), sin equiparar las dictaduras al terrorismo yihadista o a períodos democráticos.
Sin mención a la "dictadura"
Cabe destacar que la ley propuesta en Castilla y León no menciona en ningún momento la palabra "dictadura" y que se refiere a este período como una extensión de la Guerra Civil: "Con la Constitución de 1978, que fue refrendada abrumadoramente por el pueblo español, se puso fin al enfrentamiento y se consagró la concordia entre los españoles y el entendimiento para resolver las discrepancias por vías democráticas", afirma en su exposición de motivos.
El Gobierno considera que la intención de estas normas es desvirtuar todo lo ocurrido durante la dictadura, al igualar la represión ejercida durante el régimen de Francisco Franco con un periodo democrático. Mientras tanto, PP y VOX defienden en sus legislaciones incluir "a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa".
En la nueva legislación valenciana se recoge esta visión, al hablar en su exposición de motivos de "la convulsa Segunda República" y defender la necesidad de reconocer "el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y el terrorismo".
Se eliminan fosas de víctimas y exhumaciones
La norma planteada en Aragón, además, elimina el mapa de fosas, inventario de lugares de memoria o cualquier subvención relacionada. El Ministerio ha defendido que la normativa estatal garantizará las exhumaciones en una legislación de aplicación estatal.
En Valencia y Castilla y León, por el contrario, sí se mantienen las exhumaciones y se reconoce el derecho de las víctimas a la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos, aunque en el segundo caso se excluye a las asociaciones memorialistas de la comisión de exhumaciones.
El Gobierno asumirá todo lo derogado
Las normas propuestas por PP y VOX en las autonomías bajo su control suponen un recorte de la Ley de Memoria Democrática, sin embargo, el Gobierno central ya ha respondido que asumirá todas las competencias eliminadas por los ejecutivos conservadores, entre ellas, la eliminación de mapas de fosas o lugares y rutas de memoria que se han contemplado en Aragón.
El Consejo de Ministros ya ha abordado el informe jurídico que sustentará las bases del recurso del Gobierno central contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El ministro Ángel Víctor Torres había ofrecido negociar un acuerdo con Aragón ante el recorte de su legislación, sin embargo, el presidente autonómico, Jorge Azcón (PP) se ha negado: "Si no hay un acuerdo, el Gobierno de España acudirá al Constitucional", ya había expresado Torres.
Los servicios jurídicos del Ministerio de Memoria Democrática argumentan que la derogación que se plantea en Aragón representa "una vulneración de la Constitución, de los derehcos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de los convenios internacionales".
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha incidido en que se haya eliminado la disposición que homenajeaba a los aragoneses fallecidos en campos de concentración en la Alemania Nazi, e mapa de fosas comunes y el inventario de lugares y rutas de memoria. Además, ha defendido que el Gobierno continuará con las exhumaciones porque "la recuperación de las víctimas que están en fosas comunes es un principio irrenunciable y una reclamación justa".
