El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contra el nuevo impuesto del Ejecutivo de Pedro Sánchez dirigido a las grandes fortunas. Este recurso incluye la suspensión cautelar del gravamen incluido con esta reforma fiscal.
Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno autonómico, ha defendido que se trata de un impuesto "contra el ahorro y la inversión" y que podría bajar la recaudación "en 5.000 millones de euros". El vicepresidente ha añadido también que, con la aplicación de este impuesto, "dejarían de llegar entre 1.200 y 1.600 millones de euros de inversión extranjera".
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue en su camino de intentar revertir la bonificación sobre el impuesto de patrimonio de la Comunidad de Madrid, que lleva vigente desde el año 2008. Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, ven esta reforma como una manera de dañar a la región y de descontentar a las grandes rentas.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anunció que se prevé una recaudación de entre 1.500 y 3.000 millones de euros en 2023 y 2024, gracias a este impuesto de solidaridad.
El Gobierno de la capital madrileña considera una violación del ordenamiento jurídico la aprobación de este impuesto sobre el patrimonio y presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso con seis puntos principales: ruptura de la autonomía financiera, invasión de competencias autonómicas, principio de desigualdad regional, pérdida de seguridad jurídica, falta de justificación y un mal procedimiento.
Recurrimos ante el TC el impuesto de Sánchez contra el ahorro y la inversión.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 1, 2023
Invade competencias autonómicas, rompe la autonomía financiera, perjudica a Madrid, con nocturnidad, provoca inseguridad jurídica y es injusto.https://t.co/XIY1qgeMf3
Montero defiende la intención del Gobierno de España "de aliviar la economía" con las rebajas del IVA en alimentos y del IRPF para las rentas medias. Defiende la "constitucionalidad" de este impuesto y asegura que se "garantizará la seguridad jurídica" de los contribuyentes que se vean afectados por este impuesto. Además, critica la intención del Gobierno de Ayuso de "defender solo a una minoría privilegiada".
Guerra judicial
Esta no es más que otro de los muchos conflictos judiciales existentes entre ambas Administraciones. La Abogacía del Estado ha registrado un recurso de la Moncloa contra los requisitos de la Comunidad de Madrid para otorgar los títulos de ESO y Bachillerato. De la misma manera, Ayuso ha recurrido ante el Supremo el Real Decreto de Bachillerato del Gobierno de Sánchez al haber detectado "falta de conocimientos y de saberes esenciales", además de una "elevada carga ideológica en el texto".
Otra de las batallas judiciales gira en torno "reparto arbitrario" de los fondos europeos, así como hacia las medidas de ahorro energético del Gobierno central, ya que las consideran "autoritarias".
El clima hostil entre el Ejecutivo nacional y el autonómico se traduce como un enfrentamiento entre PSOE y PP, previo a las elecciones municipales, autonómicas y generales de este año. Las primeras dos se producirán este mayo, por lo que los conflictos bilaterales continuarán con el objetivo puesto en las urnas.
Según la última encuesta de GAD-3 de este pasado diciembre de 2022, el Partido Popular de Díaz Ayuso obtendría la mayor cantidad de votos y se quedaría a dos escaños de la mayoría absoluta.
