Javier López Madrid ha sido detenido durante la noche del jueves 20 de abril en el marco de la operación Lezo por el presunto desfalco en el Canal de Isabel II (empresa que gestiona el agua en Madrid), así como por supuestas irregularidades en la concesión de un contrato con la constructora OHL. El directivo ha sido interrogado hasta las dos de la mañana por estos indicios. Mientras tanto, permanece en los calabozos de la Unidad de Detenidos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, en una celda cercana a la del expresidente Ignacio González.
En concreto, la Fiscalía asegura que López Madrid pagó una comisión de 1,4 millones de euros para la licitación de las obras del tren a Navalcarnero, un contrato que la Comunidad de Madrid pagó pero que no se realizó. El montante de dinero fue recibido por el expresidente Ignacio González, detenido en la misma causa.
La UCO ya ha registrado la sede de OHL, situada en la Torre Espacio de Madrid, y se ha llevado numerosa documentación a investigar durante las próximas jornadas. Los indicios allí encontrados fueron determinantes para que los agentes llevasen a cabo la detención de López Marid.
Las obras del tren a Navalcarnero generaron polémica durante su adjudicación. En un principio, el gobierno regional intentó que Renfe llevase a cabo el proyecto, pero el Gobierno nacional no consideró que la obra fuese prioritaria. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid, de manera opaca, asumió por sí misma el proyecto en contra de la opinión de los técnicos del Estado.
Las obras comenzaron en 2008 y fueron paralizadas en 2010, lo que no impidió que el ejecutivo autonómico financiase toda su ejecución como si OHL hubiese completado el proyecto. Con la llegada al gobierno de Cifuentes, la Comunidad de Madrid inició una batalla legal para que la constructora completase los acuerdos firmados, pero por el momento, los escasos kilómetros de vía ferroviaria continúan abandonados en medio de un descampado sin visos de solución.
Un compi yogui y comisiones del 3%
López Madrid adquirió cierto protagonismo cuando fue implicado en el juicio por las tarjetas Black de Caja Madrid. Por aquel entonces, la Justicia le había relacionado con la trama, lo que no implicó que la monarquía se deshiciese en halagos, en privado, con él. Aún permanece en el recuerdo de todos el mensaje que la reina Letizia le envió en el que se refería a él con el apelativo de "Compi Yogui". A pesar de los apoyos, López Madrid terminó siendo declarado "culpable" y condenado a seis meses de prisión, aunque no entró en la cárcel al no contar con antecedentes penales y una pena inferior a dos años. Ahora, no ha podido evitarla.
"Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC (la Otra Crónica del diario El Mundo) y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabemos quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)", fue el mensaje de apoyo que la reina Letizia envió en apoyo de López Madrid cuando estalló el escándalo de las tarjetas black.
Sin embargo, el directivo de OHL ha sido implicado en más de un escándalo de corrupción. Al parecer, las iniciales JLM que aparecieron escritas en los famosos papeles de Bárcenas, podrían demostrar López Madrid participó en la presunta financiación en B del Partido Popular.
Según señala el diario El Confidencial, Granados apuntó que López Madrid se quedaba con el 30% de los donativos que captaba para la supuesta caja B del Partido Popular. Prueba de ello está en que su suego donó, desde OHL, un total de 2.060.000 euros a la formación conservadora, pero a la caja del partido solo llegaron 1.460.000. Al parecer, esta práctica podría haberse repetido en varias ocasiones aprovechando la buena sintonía que mantenía con el exvicepresidente de la región, Francisco Granadas, que también se encuentra encarcelado en la prisión de Estremera.
OHL, por su parte, repite en un caso de similares características. Según el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, la constructora pagaba comisiones del 3% al PP, a través del extesorero Luis Bárcenas, para asegurarse la concesión de obra pública durante la época de gobierno de José María Aznar.
La constructora, mientras tanto, asegura que está "prestando la mayor colaboración y facilitando la información solicitada", así como niegan todas las acusaciones que le relacionan con la financiación ilegal del PP. Las informaciones en este sentido han llevado a la compañía a perder un 9% de su valor en bolsa.
