La Policía Nacional ha detenido a un grupo de 57 personas que extorsionaba, a través de aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas, a usuarios de páginas webs de servicios sexuales, según ha informado la Dirección General de la Policía.
El grupo criminal, al que se le imputa un total de 243 delitos de amenazas condicionales con ánimo de lucro, solicitaba a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los 100 y 80.000 euros, llegando a obtener una cantidad de 650.000 euros por sus delitos.
La banda operaba en todo el territorio nacional, aunque la cúpula de la mafia se encontraba en la provincia de Madrid, Málaga y Valencia. Sin embargo, había un gran esfuerzo de coordinación para abarcar todo el país a la hora de llevar a cabo sus actividades.
El 'modus operandi' del grupo consistía en insertar anuncios falsos en páginas web de contactos sexuales. Las víctimas contactaban a través de una app de mensajería instantánea y, pasado unos días, el supuesto responsable de la casa de citas volvía a contactar con los usuarios, recriminándoles que no hubieran acudido a la cita con las mujeres y exigiendo el dinero por el tiempo perdido.
Los componentes de la vanda llegaban a utilizar intimidaciones y amenazas para que las víctimas pagaran el dinero que se les estaba exigiendo creyendo que, de esta manera, terminaría finalmente la situación que estaban viviendo.
Sin embargo, posteriormente volvían a recibir amenazas con el objetivo de que pagaran más dinero, repitiéndose el proceso hasta que, finalmente, interponían una denuncia e ignoraban las llamadas y los mensajes que recibían.
Una operación policial de gran calado
La operación policial se ha llevado a cabo en tres fases operativas debido al volumen de personas implicadas. En la primera de ellas, se detuvo a los principales integrantes del grupo criminal, encargados de la dirección y ejecución de las extorsiones, a los que se intervinieron los medios electrónicos y tecnológicos que utilizaban para la comisión del delito.
Posteriormente, en la misma fase, se detuvo a los colaboradores más activos, responsables de las tareas de localización y captación de cobradores de dinero, conocidos como 'mulas', encargados de la recepción del dinero de las extorsiones.
En esta segunda fase, los agentes detuvieron a la práctica totalidad de los receptores de dinero, resultando que alguno de ellos había sido víctima del grupo tras ser coaccionado mediante amenazas para colaborar con sus integrantes. En una tercera y última fase, se completó el desarrollo de la operación, practicándose las últimas detenciones e imputaciones.
Las declaraciones prestadas por las personas implicadas en los hechos han permitido conoce el control que se ejercían los responsables sobre el resto de participantes en la trama, llegando incluso a intimidades con el objetivo de lograr sus fines lucrativos.
En los registros domiciliares se ha intervenido material informático y de telefonía, lo que ha servido para esclarecer más hechos. El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos permitió a los agentes la identificación de numerosas víctimas, con quienes se contactó para que denunciaran los hechos e informarles de la detención de estas personas.
