La Guardia Civil ha detenido al director de una residencia de mayores situada en la localidad madrileña de Las Rozas por un delito de estafa, además de investigar a una doctora del centro por un delito de lesiones y otro de estafa. Se les acusa de drogar a los ancianos para robar el dinero de sus cuentas, según ha informado la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.
El arrestado se aprovechaba de la confianza que despositaban los residentes en los supuestos profesionales del centro, además de aprovecharse del estado de salud tanto física como mental de las víctimas; para perpetrar impunemente el robo de sus cuentas corrientes.
La investigación no empezó hasta que el familiar de un residente presentó una denuncia ante la Guardia Civil ante las sospechas de que el personal de la residencia estaba sacando dinero de manera fraudulenta de la cuenta de su familiar.
Los agentes pudieron certificar que el director de la residencia, de 49 años de edad, aprovechaba el estado de vulnerabilidad de los ancianos para acceder a las cuentas y realizar diversas extracciones de dinero de su cuenta corriente.
Esta persona contaba con la ayuda de una doctora del centro, que suministraba dosis excesivamente altas de insulina, hasta el punto de que una de sus víctimas terminó ingreso por una hipoglucemia.
Con estas dosis, los autores de los robos se dedicaban a crear un estado de somnolencia en los ancianos con el que perdían el estado de conciencia suficiente para evitar la comisión de los delitos.
La Guardia Civil, que está investigando el caso, ha detectado otros cinco caoss fraudulentos donde incluso, una vez fallecidos los residentes, el detenido seguía haciendo cargos con una tarjeta de crédito a nombre del titular.
Las autoridades estiman una estafa de 270.000 euros
Los agentes han conseguido parar una transferencia de 122.000 euros entre cuentas, que provenía del fondo de pensiones de una residente y del que los acusados pretendían, supuestamente, apoderarse.
Los resultados de las primeras investigaciones han llegado a la conclusión de que el acusado podría llegar a haber estafado hasta 270.000 euros a los residentes afectados, tres de los cuales ya han fallecido.
La colaboración del Juzgado de lo social y el Juzgado instructor ha permitido bloquear un depósito de 80.000 euros que el ya detenido tenía previsto cobrar por despido improcedente y quedar depositado para hacer frente a las indemnizaciones.
