El secreto mejor guardado por parte de los independentistas catalanes ha quedado al descubierto. Así se ha desvelado a través de los documentos intervenidos por parte de la Guardia Civil durante el registro al domicilio de Josep Maria Jové Lladó, el número dos de Economía de la Generalitat, el pasado 20 de septiembre. El objetivo: generar el mayor conflicto social para conseguir el apoyo de las mayorías y obligar al Estado a negociar la ruptura o un referéndum pactado.
El documento titulado "EnfoCATs Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica" establece las principales claves que se han de llevar a cabo para lograr un apoyo social mayoritario y convencer a los indecisos suavizando sus posturas. Asimismo, la intención es desestabilizar la política y la economía para que el Gobierno central se vea acorralado y acabe negociando.
La hoja de ruta de Junts Pel Sí
Estos papeles intervenidos no están fechados y esclarecen la hoja de ruta que debe seguir Junts Pel Sí tras las elecciones de 2015 en las que consiguieron mayoría de escaños pero, sin embargo, no así en votos. La credibilidad dada a esta documentación es elevada debido a que transmite todos los pasos que ha estado llevando a cabo la Generalitat desde entonces hasta la celebración del referéndum ilegal.
El objetivo es desestabilizar a la sociedad para que el Estado se vea obligado a negociar la creación de un Estado catalán nuevo o, en su defecto, un referéndum pactado. Estos planes serían llevados a cabo por un comité estratégico que lo conformarían miembros del Govern, parlamentarios independentistas, personalidades de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente. Asimismo, se integraría un comité ejecutivo donde estaría el propio número dos de Economía, los directores de oficina de desarrollo de autogobierno y otros expertos y secretarios.
En la documentación recogida se prevén todas las actuaciones por parte de la justicia, el Gobierno central y la policía, así como la desestabilidad financiera y económica. Además, establece cuales son las prioridades mínimas que se deben seguir para lograr el objetivo: sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías de éxito. El cumplimiento de estos tres pilares le otorgarían al proceso un "éxito asegurado" y, por tanto, un reconocimiento internacional basado en la "democracia" del procés.
El reconocimiento internacional resulta clave para los planes independentistas. Es por ello que, según recogen los papeles, precipitar una declaración unilateral de independencia sin haber trabajado a fondo las prioridades mínimas no haría atractivo el procés catalán a ojos de la comunidad internacional.
Creación de un Estado propio
El enfrentamiento con el Estado debe ir creciendo paulatinamente. Es por ello que los independentistas deben trazar un discurso basado en las emociones y las razones por las que Cataluña debe tener un Estado propio. Descartan así hacer hincapié en los agravios de España para atraer al sector de indecisos, pasando del "mejor unidos" al "mejor amigos" y de "romper con España" a "ayudar a España".
El documento establece que para conseguir el objetivo final, la creación de un Estado nuevo, es necesario mantener las estructuras ya existentes (Mossos, CTTI, entre otras) y crear nuevas que den soporte al funcionamiento estatal (hacienda propia, protección social, poder judicial, etc.) para asegurar que la desconexión con España se realice con éxito.
La intención de esta hoja de ruta es que la sociedad catalana sepa que existe sin hacerla pública. "Que la gente sepa que existe, que es ejecutable y que bien gestionado acabará comportando o el reconocimiento internacional o un referéndum forzado con el Estado", afirman los documentos.
Los independentistas revelan una obsesión por planificar un calendario con las fechas de la desconexión y el inicio de un nuevo país. La página 41 establece que el gobierno de la transición (etapa 1) llegaría hasta septiembre de 2018 si está garantizada una mayoría independentista. Este ejecutivo derivaría en un gobierno de independencia (etapa 2) en septiembre de 2022 que podría "declarar la independencia el día después de su constitución o el día anterior a su disolución".
La hoja de ruta revelada en estos informes también establecen las leyes de desconexión que debe poner en marcha la Generalitat. Asimismo menciona la ley del referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional, así como otras normas imprescindibles para la puesta en marcha del nuevo Estado catalán.
