El Colegio Karol Wojtyla, un centro concertado y sostenido con fondos públicos, ha despedido a una de sus profesoras de inglés, Bella Méndez Mateo por, según ella, haberse divorciado en el pasado.
La docente cuenta con una carta firmada por 31 familias de su tutoría reclamando que se anule el despido y un emotivo vídeo de su alumnado que pide que no abandone las clases.
La profesora, además, denuncia que el centro le hizo un contrato ilegal y que el método de su despido fue dudoso: "Me sorprendió mucho que me acompañase. Con una frialdad extrema me comunicaron el fin de mi contrato. Dijeron que no tenía nada que ver con mi labor académica, sino que era una decisión consensuada con la Fundación eclesiástica La Sagra, pues gente de confianza del centro les había informado de lo inadecuado de mi perfil. Me eché a llorar. No me dieron ni un kleenex, me miraban con total indiferencia, la coordinadora hizo un ademán de que ya podía irme del despacho y me acompañó a la salida. Todos me vieron salir llorando", confiesa a Público.
La profesora ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org que titula con el lema: "No al despido de una profesora por estar divorciada". Por el momento ha conseguido 118 firmas de las 200 que reclama. En el escrito señala que "mi contrato ha resultado ser ilegal pues era por obra y servicio y un colegio que se financia con fondos públicos no lo puede hacer,pues ni sustituía a nadie ni mi asignatura iba a extinguirse.Me he sentido humillada por corregirme en la forma de vestir(hay unos rígidos códigos de vestimenta),y por el abuso de poder de la dirección para tenerme amedrentada ante el miedo que el despido me suponía, ya que significaba perder mi vivienda".
"Me hicieron un contrato de obra y servicio y un colegio subvencionado no puede hacer este tipo de contrataciones porque yo no sustituía a nadie"
La profesora ahora se encuentra en litigio con el centro, a la espera de que su despido sea anulado y pueda reincorporarse a su puesto de trabajo para volver a dar clase a sus alumnos.
Denuncia que el centro estaba manteniendo a la docente en plantilla con un contrato por obra y servicio, cuando en realidad estaba ocupando una plaza y no realizando una sustitución. Un tipo de contratación que, como denuncia la docente, no se contempla en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Ahora, todo queda a la espera de la celebración del juicio, que se espera para el próximo otoño. "Esto supone una grave discriminación prohibida en la Constitución y una violación de mis derechos fundamentales".
El centro niega las acusaciones
El director del centro, José Pedro Fuster, niega las acusaciones: "Nada de esto es verdad. Que lo demuestre ella. Nosotros solo decimos que al igual que en El Corte Inglés se tiene que mantener una imagen en el centro para que los alumnos no se rían de nadie se vista como se debe", afirma al diario Público.
Fuster, además, afirma que en ningún momento se expulsó a la docente por su estado civil, ya que asegura que el centro mantiene "incluso una profesora que está divorciada".
