La Policía Nacional ha puesto fin a una organización que había introducido ilegalmente a 730 ciudadanos vietnamitas en España y les habría obligado a trabajar en condiciones de esclavitud en salones de manicura. Se aprovechaban de los procedimientos de menores extranjeros no acompañados para esquivar controles fronterizos. El total de detenidos suma 37 personas y los inmigrantes han sido liberados.
La red accedía y captaba a sus víctimas a través de las redes sociales, en las que le ofrecían un trabajo remunerado en Europa. Antes de aterrizar en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas o El Prat, se deshacían de su documentación y alegaban ser menores de edad, por lo que eran trasladados a un centro de acogida de menores. En el caso de Madrid, los menores ingresaban en el centro de Hortaleza, en la calle de Valdetorres de Jarama, de donde acababan escapando. Todos llevaban un teléfono móvil con el que contactar con la banda e incluso algunos llevaban pequeñas cuchillas con las que autolesionarse para evitar ser deportados.
Contraían una deuda de 18.000 euros con la banda
Una vez fuera, se dirigían a la estación de Atocha para trasladarse en AVE a Barcelona. Una vez en la ciudad condal, cogían un taxi entre tres o cuatro con destino al municipio barcelonés de Abrera. "Tenemos controlados que han usado esta forma de transporte en unas 40 ocasiones", explicó el comisario jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (UCRIF) de Cataluña, Emilio de la Calle.
Es así como las víctimas vietnamitas contraían una deuda de 18.000 euros con la red, lo que según la Policía Nacional, le podría haber traído beneficios de más de 13 millones de euros. Habitaban en pisos controlados por la organización y distribuidos en centros de manicura, donde trabajaban más de 15 horas al día, en ocasiones sin comer. Para evitar fugas eran trasladados en vehículos de la banda.
Otras redes en Europa
Este 'modus operandi' también era realizado por otras organizaciones procedentes de otros países europeos como Francia, Italia e incluso Ucrania. El titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid ordenó la entrada y registro en 10 viviendas de Barcelona y Abrera, entre otras ciudades. Los agentes de la UCRIF montaron un importante dispositivo que permitió la detención de 37 personas. Parte de ellos ingresaron en prisión provisional.
Los agentes han liberado a todos los inmigrantes, entre los que al final sí que había algún menor. También había niñas que habían sido explotadas sexualmente en países del sudeste asiático, según fuentes de la investigación. Las víctimas están siendo tratadas por dos ONG, a través de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat y la Unidad contra la Trata de Seres Humanos del Ayuntamiento de Barcelona.
