El derrumbe de un vertedero en la localidad vizcaína de Zaldibar, que ha liberado en el aire una cantidad importante de amianto (sustancia cancerígena) y ha dejado a dos operarios sepultados (sin que todavía hayan sido rescatados) ha generado una auténtica crisis en el Gobierno vasco en pleno adelanto electoral.
Los vecinos se han mostrado sorprendidos por todo lo sucedido y, a la par, incrédulos: ninguno tenía constancia de que había vivido junto a un vertedero durante años y que, además, se habían almacenado en él sustancias peligrosas para la salud.
En estos momentos, la mayor preocupación se centra en el amianto librado al aire como consecuencia del incendio y derrumbe. Las fibras de este material se han roto y liberado al aire, por lo que es altamente probable que los vecinos que se encuentran en los alrededores puedan haberlas inhalado. Algo que, posiblemente, no habría sucedido si se hubiera almacenado de forma correcta: sellados siguiendo la normativa actual y enterrados de forma cautelosa bajo el suelo.
No es la única irregularidad. Una inspección realizada recientemente detectó varios incumplimientos que nadie subsanó: la chimenea no medía correctamente los niveles de metano, había vertidos no autorizados y el vertedero ocupaba más de lo permitido por la ley.
Los resultados de esas exploraciones quedaron ahí, hasta que el gobierno vasco dio un plazo de 30 días en noviembre para que la empresa se adaptara a la normativa. Sin embargo, el dueño del vertedero hizo caso omiso y no fue sancionado. Ahora, el Gobierno vasco asegura que estaba a punto de imponer la sanción cuando ocurrió el accidente, una casualidad que no ha dejado a nadie indiferente.
De banalizar los hechos a emitir alarmas de salud pública
En todo un alarde de improvisaciones, el Ejecutivo de Urkullu (que ha tardado seis días en desplazarse a la zona y reunirse con las familias) ha pasado de banalizar lo sucedido a emitir precauciones para los vecinos. El primer gesto, muy criticado, lo evidenció el actual director de Salud Pública del Gobierno vasco, Juan José Aurrekoetxea.
Con el objetivo de intentar "tranquilizar" a la población, no tuvo mejor idea que comparar todo lo sucedido con el envenenamiento del presidente de Ucrania hace 20 años: "Conocerán el caso. Intentaron envenenarle y le provocaron el acneclorado, le destrozaron la cara intentando asesinarle. No hablamos de esos niveles".
Poco después, la broma se tomó en serio cuando el Departamento de Salud del Gobierno vasco lanzó el siguiente mensaje: "Medidas preventivas en las zonas de Eibar, Ermua y Zaldibar. Se aconseja no ventilar las viviendas y mantener las ventanas ceradas el mayor tiempo posible. Especialmente por la noche. En la medida de lo posible, se recomienda no realizar actividad deportiva al aire libre hasta nuevo aviso".
¿Por qué se produce este cambio de criterio? Los resultados de los informes demostraban una presencia de dioxinas, elementos tóxicos que se producen al quemarse plástico, con unos niveles 50 veces superiores a los recomendados. Sí, el director de Salud Pública del Gobierno vasco banalizó los hechos sin datos.
¿Hay un plan de evacuación para unos vecinos que están respirando diariamente un aire completamente contaminado y bebiendo un agua que, posiblemente, esté alterada? Esa es la cuestión que inquieta a los residentes de la zona, que viven con auténtica incertidumbre cómo están exponiendo actualmente su salud en esta crisis. ven a los técnicos portando trajes de seguridad anticontaminación mientras ellos pasean a cara descubierta.
Rechazo de ayuda y "falta de previsión"
Mientras los vecinos continuan respirando aire contaminado y los dos operarios continuan sepultados bajo los residuos, el Gobierno vasco no ha tardado en retomar el tráfico en la zona y recuperar las carreteras que se vieron afectadas por el derrumbe.
Una estrategia de vuelta rápida a la normalidad que recuerda, sin olvidar todas las diferencias, a lo acontecido con el accidente del Metro de Valencia de 2006 que dejó 43 fallecidos y cuyos responsables permanecieron en la máxima impunidad durante una década. En este sentido, ha habido críticas incluso al tratamiento de este asunto por parte de determinados periodistas:
Cuando vas a ETB con el argumentario del Partido a defender lo indefendible...En el papel a leer estaba marcado en negrita que "en este país la gestión de residuos el avance ha sido de 0 a 100"#zaldibar#pnvstyle#lindano#amiantopic.twitter.com/nuKObQPK0y
— Igor Meltxor (@IgorMeltxor) February 9, 2020
Mientras tanto, los vecinos esperan una solución a un asunto que todavía mantiene múltiples incertidumbres. ¿Realmente es necesaria una evacuación? ¿Por qué nadie tenía constancia de la existencia de ese vertedero? ¿Por qué se había saltado la normativa impunemente? ¿Por qué se tardó tanto tiempo en iniciar los trámites para imponer una sanción? ¿Qué intereses esconde este caso?
Lo único de lo que hay constancia, por el momento, es de que el propio Gobierno vasco ha reconodido que existe "falta de previsión" a la hora de actuar en esta crisis. Sin embargo, ello no ha impedido rechazar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias que el Gobierno central ofreció para ayudar al operativo vasco. Quizás, la política de exprimir hasta el máximo los límites del autogobierno para evidenciar el plan nacionalista del PNV pesa en una decisión a todas luces inexplicable.
Los técnicos que han reconocido esta falta de previsión se han justificado: "Si hubiéramos pensado que íbamos a encontrarnos con estos niveles de dioxinas, obviamente hubiéramos tomado medidas, pero la realidad es que los inicadores, las mediciones que se estaban haciendo tanto de compuestos orgánicos como hidrocarburos o las fibras de amianto, eran todas o bien negativas, como en el caso de las fibras de amianto, o bien en unos valores, elevados en ningún caso, pero no nocivo para la salud".
El problema es que los compuestos que respiran los vecinos se acumulan permanentemente en el organismo, por lo que el riesgo de padecer secuelas por esta exposición aumenta con el paso de los días. Por el momento, las recomendaciones de salud pública que ha emitido el Gobierno vasco no tienen fecha de caducidad.
Fuerte indignación
El caso y su gestión han provocado una fuerte indignación en todo el País Vasco. El pasado sábado 15 de febrero, los vecinos de Eibar, Ermua, Elgeta y Mallabia se lanzaron a las calles portando mascarillas, los mismos que visten los técnicos que se desplazan a la zona, para protestar ante la gestión del Ejecutivo vasco.
Los vecinos han portado pancartas en las que se podía leer el nombre de Joaquín y Alberto, los dos operarios desaparecidos y cuya búsqueda ha quedado relegada actualmente desplazada a un segundo plano. Las familias de ambos se encuentran actualmente desoladas por todo lo sucedido.
Los manifestantes consideran que Urkullu y el PNV están realizando un auténtico lavado de cara en mitad de esta crisis con el objetivo de enmascarar la responsabilidad del gobierno en estos hechos.
Desde la Lehendakaritza, sin embargo, reivindican que el hallazgo de los dos operarios continua siendo un objetivo prioritario. El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ha señalado las áreas donde actualmente hay mayor posibilidad de encontrar a los trabajadores: cerca de la carretera de acceso al vertedero, donde estaba la báscula de pesaje y la caseta de las oficinas; o en un lugar más cercano a los caseríos, que resulta más inestable y de difícil acceso.
