El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia está preparando una denuncia contra VOX que presentará ante la Fiscalía por un presunto delito de odio contra el colectivo LGTBI.
El motivo de la demanda se encuentra en un tuit que la cuenta oficial del partido publicó el pasado 18 de enero, en el que comparaba la pederastia con el colectivo LGTBI.
"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", escribió la cuenta oficial del partido de ultraderecha en Twitter.
???? Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia. https://t.co/lN1ryFX63J
— VOX ???????? (@vox_es) January 18, 2020
Sus palabras sirvieron como respuesta a la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que considera el veto parental la escenificación de la homofobia en el partido: "No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio", escribió la diputada socialista.
El portavoz del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, Rubén López, ha señalado que considera que el texto "excede el debate político parlamentario y se mete en actos delictivos contra un colectivo".
A la espera de que la denuncia sea admitida a trámite
El Observatorio confía en que la denuncia sea admitida a trámite y aprecia que se incurre en un delito de odio por relacionar a las personas LGTBI con la pederastia. Además, también contemplan la existencia de un delito contra las libertades públicas y derechos fundamentales por "traspasar la frontera penal", afectando "a la dignidad" y al honor de los miembros del colectivo.
Mientras tanto, el asunto del veto parental también se enfrenta a los tribunales, después de que el Gobierno central haya lanzado un requerimiento a las comunidades autónomas para que no apliquen esta medida.
Por el momento, su aprobación se circunscribe a los territorios cuya gobernabilidad depende de VOX: Murcia, Andalucía y Madrid. Mientras que en las dos primeras ya hay trámites en marcha, en la capital hay serias reticencias por parte de Ciudadanos, lo que ha paralizado por completo las negociaciones para aprobar las cuentas de 2020.
