Tres monaguillos han conseguido sentar ante el juez al sacristán de la basílica de la Asunción de Cieza, en Murcia, por los "serios y continuados abusos y agresiones sexuales" que, supuestamente, ejerció contra ellos.
Los abusos, que se produjeron entre 1999 y 2003, habrían incluido "tocamientos, masturbaciones, eyaculaciones en el cuerpo, rozamientos desnuds, fotografías desnudas, etc, todo ello con el empleo de la fuerza por parte del sacristán" quien, a cambio, les daba "regalos y dinero" o les ofrecía "puestos de relevancia en el altar e invitaciones a su casa de la playa".
Así se ha especificado en el auto de procesamiento judicial, que también recoge las artimañas con las que el prelado manipulaba a sus víctimas. Así, apunta que "mediante engaño y posición predominante se 'premiaba' o 'castigaba' según se accediera a los abusos sexuales de FRJP". El sacristán ya ha depositado los 9.000 euros de fianza que le ha pedido el juez para cumplir con su responsabilidad civil.
Las víctimas contaban con edades entre los 10 y 13 años. El auto recoge todos los testimonios de los jóvenes, como el que sufrió un pequeño de tan solo 11 años que fue víctima de "abusos y agresión continuados" que incluyeron "penetraciones utilizando la fuerza". Con el resto de afectados también se han descrito los constantes y duros abusos a los que continuamente eran forzados.
La jerarquía eclesiástica intentó taparlo
La primera víctima en atreverse a denunciar lo sucedido, Ignacio, acudió a la diócesis buscando el amparo de la Iglesia: "El Obispado me trató fatal, el obispo me engañó y me fue dando largas, de tal forma que, cuando quise denunciar por lo civil, el delito ya había prescrito". Monseñor Lorca Planes, conocido por arremeter contra el colectivo LGTBI, no consideró que este caso fuera de su incumbencia: "A él solo le importaba la imagen, no el dolor de las víctimas".
A pesar de todo ello, el caso no pudo reabrirse porque prescribió judicialmente. "Gracias" a ello, Ignacio sufre ahora el acoso de sus agresores: "En un pueblo como el nuestro todos nos conocemos y la gente cercana a la parroquia, al sacristán y al cura de entonces, se meten conmigo por la calle y me dicen de todo".
El problema en estas situaciones se encuentra en que las ciudades pequeñas o los pueblos tienden a pensar en la inocencia de los sacerdotes y no suelen creer el relato de las víctimas. De esta forma, los pequeños tienen un tercer castigo que se suma al de los propios abusos y al propio rechazo que la Iglesia, como institución, ejerce sobre ellos.
Es lo mismo que sucede con los otros dos monaguillos que denunciaron los abusos. Sus casos no habían prescrito y gracias a ellos, Ignacio ha podido participar en el caso como testigo. Todo ello está provocando que también hayan sido víctimas del rechazo y el acoso de sus vecinos y de los prelados que, supuestamente, abusaron de ellos.
No es el único caso
Hasta el año 2010 tan solo se habían revelado una docena de casos de abusos sexuales en España. Sin embargo, con la llegada del Papa Francisco y su intervención a la hora de investigar el denominado Caso Romanones, las denuncias se han disparado.
Entre los casos más sonados de este tipo, se encuentran los de Astorga , en el que se terminó apartando al sacerdote pero no se indemnizó a ninguna de sus víctimas. O el caso Maristas, donde se destapó una trama de abusos de un colegio de la congregación en Barcelona. O el caso Gazttelueta, que en los próximos meses llevará a juicio a un profesor de un colegio del Opus Dei, mientras que los padres acusan a la institución y al obispo de Bilbao, Mario Iceta, de no apoyar lo suficiente a las víctimas.
Los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica han sido una constante también a nivel internacional. Todo ello llevó al Papa Francisco a iniciar una investigación en la que se creó una comisión que contó con la propia intervención de las víctimas. Sin embargo, algunos de los miembros ya han dimitido porque aseguran que las jerarquías están entorpeciendo la propia labor de investigación.
