El Gobierno de Juanma Moreno enfrenta la que sería su primera denuncia por corrupción tras pasar solo tres meses al frente de la Junta de Andalucía. El responsable de la denuncia es Luis Escribano, un funcionario de la administración regional que pertenecía al denominado como 'comando antifraude', anunciado a bombo y platillo por la actual consejera de Empleo de Ciudadanos, Rocío Blanco y que fue desmantelado 24 días después.
El pufo que podría dejar la operación que ahora llevan a cabo PP y Ciudadanos sería de 220 millones de euros en el nuevo plan para ayudas a desempleados, según denuncia el propio Escribano en un artículo publicado en la web El Demócrata Liberal, tal y como recoge OKDiario. El caso, a juicio del funcionario, podría representar un caso de prevaricación continuada.
Este funcionario, uno de los dos que se encargaba de velar por la buena gestión de los fondos del Gobierno andaluz, asegura que "a pesar de las advertencias efectuadas en informes de varios órganos de la Junta, la Consejería de Empleo del nuevo gobierno de PP y Ciudadanos ha anunciado que seguirá adelante con una convocatoria de subvenciones aprobadas por el Gobierno del PSOE que incurre en incumplimientos legales".
El fondo señalado se constituye como un auténtico 'Plan E' elaborado por Susana Díaz que estaría destinado a subvencionar todo tipo de obras en los pueblos andaluces que el nuevo Gobierno autonómico se niega a retirar. Estas adjudicaciones, según los técnicos, estarían incurriendo en varias irregularidades.
"Están actuando a sabiendas de que cometen ilegalidades"
El funcionario de la Junta no duda en señalar que el cambio de Gobierno no ha servido para sanear la gestión de la Junta y que, incluso, están actuando a sabiendas: "Lo grave del asunto es que dicho anuncio se hace a sabiendas de que incurren en ilegalidades, dado que estaba advertido en diversos informes emitidos".
Según Escribano, la Junta estaría advertida por "entre otros órganos informantes, por el Gabinete Jurídico y la Intervención General, órganos de las Consejerías de Presidencia y de Hacienda, cuyos titulares actuales son, respectivamente, Elías Bendodo y Juan Bravo (PP), así como por la Dirección General de Fondos Europeos, órgano de la Consejería de Economía, cuyo titular actual es Rogelio Velasco (Cs)", según señala en el escrito.
Escribano, que junto a Antonio Barreda conformaron este órgano que solo duró tres semanas y media, estaba encargados de luchar contra cualquier posible caso de corrupción proveniente de San Telmo, especialmente de la Consejería de Empleo que fue epicentro del caso ERE. Sin embargo, actualmente no tienen funciones ni medios para ello.
En cuanto a la denuncia, el funcionario asegura que el principal motivo es "obtener un rédito electoral que parece evidente" y asegura que estas subvenciones, en realidad, no conseguirán su propósito: "La pretendida finalidad de crear empleo, tal y como está diseñada la medida, es pura ficción".
El plan contempla ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros para cada ayuntamiento por contratar a un trabajador bajo la modalidad de obras y servicios y con contratos de seis meses de duración.
