La tensión en Cataluña se vive en todos los ámbitos. Tanto en el político, como el judicial, con un tira y afloja entre la Generalitat y el Gobierno central y una guerra en la que se intenta imponer mediante la actuación de los jueces una solución que tiene un transfondo político. Ahora, además, se ha denunciado públicamente las presiones a las que están sometidos los periodistas que cubren toda la información relacionada con el próximo 1 de octubre.
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado públicamente los insultos y el amedrentamiento al que se están viendo sometidos periodistas tanto nacionales como extranjeros que son críticos con el procés y a aquellos que son partidarios del independentismo. Tanto unos como otros están siendo sometidos a una campaña de acoso y derribo en las redes sociales para intentar coartar su labor y, por tanto, restringir el derecho de los ciudadanos a ser informados.
Los independentistas, más organizados
La campaña de acoso y derribo comienza con el señalamiento. Diputados y partidarios del referéndum señalan a un periodista crítico con el independentismo y, en seguida, un batallón de ciberholligans organizados comienzan a acosar, desacreditar e insultar a los informadores, según denuncia RSF que ha recogido testimonios de los afectados.
Las estructuras del poder de la Generalitat han creado un clima de censura previa. La intimidación a la que someten a los reporteros, tanto nacionales como corresponsales extranjeros, para que se alineen con la postura del Govern ha creado una atmósfera que intenta envenenar todo lo que se publica e infunde miedo a los que informan.
La polarización que vive la política española se ha trasladado en una lucha constante por controlar el peridismo. Segun denuncia RFS, el Gobierno catalán intenta imponer su relato a la prensa local e internacional. Asimismo, el Gobierno central maniobra para perseguir mediante la justicia las publicaciones que promocionen el referéndum ilegal. La peor parte de esta campaña de acoso se la llevan aquellos periodistas que son locales.
Los medios internacionales son la prioridad
Para que el procés tenga éxito, los independentistas necesitan visibilidad y apoyo de la comunidad internacional. Es por ello que se han lanzado a construir un relato para que la prensa extranjera lo reproduzca en el que su verdad es la única existente.
Los periodistas extranjeros tienen la sensación de que todo lo que escriban relacionado con el conflicto catalán es mirado con lupa por los líderes independentistas. Asimismo, si la información que publican es cercana a las tesis del procés, son usadas. Sin embargo, todo lo que se aleje del independentismo y sea crítico se ignora y se cuestiona.
Tal es la obsesión por controlar lo que publican los medios extranjeros que la Generalitat realizó una lista con aquellos informadores que eran afines a su causa y con los que se alejaban y eran más críticos. La organización que defiende las libertades del periodismo, RFS, asegura que esta división de periodistas afines o no es más propia de regímenes totalitarios que de una democracia.
En las redes sociales (...) sabemos que nos van a interpelar (...) puede llegar a ser un poco obsesivo
Las redes sociales son el principal caldo de cultivo. Los independentistas están por lo general más organizados que los que son contrarios al procés. Los comentarios vertidos hacia aquellos periodistas que no comulguen con los ideales de unos y otros, son agresivos y desagradables. "En las redes sociales, especialmente en Twitter, en cuanto escribimos algo acerca del tema, sabemos que se nos va a interpelar de un modo u otro, porque genera susceptibilidades. En ocasiones, llega a ser un poco obsesivo" afirma Mathieu de Taillac de Figaro.
El linchamiento no cesa
En cuanto se comparte una información sobre la cuestión catalana, se activan todas las alarmas. Ryan Heath, corresponsal en Bruselas de la publicación digital Politico, sufrió acoso y derribo por parte de independentistas por compartir en Twitter un artículo sobre los populismos en el que mencionaba el referéndum del 1 de octubre. Además, fue "llamado al orden" por diputados independentistas y por Joan María Piqué, el actual encargado de la prensa extranjera de la Generalitat.
Asimismo, los ciberhooligans independentistas insultaron y llamaron "mercenario al servicio de España" a Tunku Varadarajan, colaborador de la misma web digital y excorresponsal del diario británico The Times en España. En esta ocasión, su "delito" había sido publicar una lista sobre las doce personas que nos harán la vida imposible en 2017 en la que estaba incluido Carles Puigdemont.
La posibilidad de que una Cataluña independiente quede fuera de la Unión Europea es un tema bastante sensible. Es por ello que la Generalitat señala a los periodistas de Bruselas que desmontan su teoría sobre la permanencia en la unión para que posteriormente sean linchados por estos ciberhooligans. RSF denuncia estas presiones y rechaza frontalmente la táctica de "señalar" al periodista.
Bea Navarro, una periodista de La Vanguardia, denuncia que sufrió acoso. Afirma que ha recibido burlas e intentos de descalificar su trabajo tras haber tuiteado algún artículo propio o de otras personas. Según afirma, los ataques son igual de desagradables por parte de los partidarios del independentismo y de aquellos que están totalmente en contra de cualquier ruptura.
Ataque directo a la democracia
La organización que vela por la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, recoge en su informe declaraciones de corresponsales y periodistas locales que aseguran que los ataques hacia su trabajo vienen desde ambas facciones del conflicto catalán: independentistas y no independentistas.
Asimismo, denuncia la utilización por parte del Gobierno central de Mariano Rajoy de la justicia para intimidar y censurar a los medios de línea independentista apoyándose en la prohibición por parte del Tribunal Constitucional del referéndum ilegal.
Sea como fuere, cualquier ataque a una persona que intenta transmitir una información, sea del gusto o no del lector, supone un atentado contra la misma democracia y contra el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas de tener la posibilidad de leer una publicación para que, libremente, sean capaces de interpretarla, contrastarla y discutirla adecuadamente con los que tienen una opinión y una ideología contraria.
