Samir Bargachi es un hombre abiertamente homosexual nacido en Marruecos. Fundó la primera asociación para migrantes LGTBI de España, llamada KifKif, y ha tenido reuniones con figuras como Pedro Sánchez e Irene Montero. A día de hoy, se enfrenta a un posible cierre definitivo. El motivo: la ONG afronta un ERE y un proceso judicial contra su fundador, Samir Bargachi, por "apropiación indebida, falsedad documental y estafa" a su propia asociación.
Trayectoria de Bargachi
Bargachi es hijo de inmigrantes marroquíes, y su infancia transcurrió en Vallirana (Barcelona), en el seno de una familia musulmana, lo que hizo que decidiera luchar por los derechos LGBTI en el mundo árabe. En 2010 fundó la revista Mithly, primera publicación LGTBI para el mundo árabe, a pesar de las amenazas por parte de grupos islamistas.
Fundó KifKif en 2019, que significa Entre iguales en lenguaje bereber y que ha sido un referente en la lucha por la visibilidad del colectivo en países y culturas hostiles. Esta ONG ha sido apoyada por personalidades políticas como Carla Antonelli, Irene Montero o Pedro Sánchez, y se dedica a acoger a demandantes de asilo y refugiados del colectivo.
Denuncia al fundador de la asociación
Ahora Bargachi se encuentra cesado como presidente de KifKif desde el pasado 27 de septiembre. Según la carta de despido, el joven ha sido acusado de un "desfalco total de 208,580 euros desde abril de 2021" hacia la ONG.
"El presidente de KifKif ha dispuesto de dinero de la asociación para fines personales, haciéndose transferencias a su cuenta, haciendo uso de efectivo, de depósitos, de reintegros en cajeros, de disposición de la banca online". Así lo ha descrito a LOC el abogado de la acusación, José Alfredo Domínguez Tuset, del bufete Global Law. "Por este motivo, la asociación se ha quedado sin fondos y no puede hacer frente a sus gastos ordinarios. se encuentra en impago de alquiler, luz, teléfono, a los trabajadores, etcétera", sostiene.
La denuncia ha sido presentada por el extesorero de la sociedad, Jesús Ortega, miembro de la Junta Directiva y empleado de la entidad que fue nombrado en 2018 por el propio Bargachi. La ONG también disponía de un secretario, pero ninguna de las dos personas volvió a ratificar su cargo en la legislatura siguiente, como obligan los estatutos. Por esto, también se le acusa de un "delito de falsedad documental, por haber falsificado la firma en un documento como es un acta de junta".
La querella apunta a que, mediante un contrato laboral, el activista se designó a sí mismo como coordinador de proyectos, impidiendo así a los demás directivos que conociesen las contraseñas bancarias o la situación económica de la sociedad. De esta forma, beneficios destinados a proyectos solidarios acababan siendo vaciados de forma progresiva, casi siempre con el concepto Transferencia a Samir Bargachi Belkacem.
Hay tres aspectos que podrían acabar con la asociación de Bargachi. Uno penal, uno mercantil y otro laboral debido al presunto impago de nóminas a sus trabajadores desde septiembre de 2023. "No ha asistido a ninguna reunión interna desde el 1 de marzo de 2023. No ha estado operativo ni localizable. Ha habido semanas en las que solo contestaba un día", apunta el comunicado.
"Le están escribiendo correos personas desesperadas, que quieren que les ayuden con su situación. Se solicita una membresía de 100 euros al año prometiendo una ayuda que no va a llegarles". Esto es lo que cuenta uno de los 13 empleados que aún mantiene la ONG. Ahora la asociación se encuentra más cerca que nunca del cierre de sus puertas.
