La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) tiene previsto dirigirse a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Audiencia Nacional para presentar acciones legales contra Alberto Núñez Feijóo. Según fuentes de la plataforma citadas por ElPlural, acusan al gallego de haber comercializado "mascarillas falsificadas", invitando a otros a unirse a esta iniciativa.
"Feijóo tiene mucho que explicar en lo que respecta a la corrupción con mascarillas", denuncian. El caso específico al que hacen referencia está relacionado con la adquisición de material por parte del Gobierno de Feijóo en Galicia a la empresa gallega Sibucu 360 SL.
Firma falsa de una empresa vinculada a Feijóo y Ayuso
La situación que la asociación señala se remonta a 2020, primer año de la pandemia, cuando en mayo se emitió una alerta sanitaria sobre cuatro tipos de mascarillas importadas de esta empresa desde China. Esta alerta fue publicada tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) como en la red de alertas del Ministerio de Consumo.
En aquel momento, las comunidades autónomas estaban evaluando las posibles irregularidades del material sanitario que llegaba. Sin embargo, tanto Galicia como Madrid ignoraron estas advertencias. Tanto el gobierno de Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso, que también había recurrido previamente a esta empresa, volvieron a comprar mascarillas a pesar de las alertas sobre algunos lotes.
Específicamente, la Xunta volvió a contratar los servicios de la marca en junio de 2021, después de haber adquirido 2,3 millones de mascarillas por un valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Mientras tanto, el Hospital La Paz destinó medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la compra de mascarillas quirúrgicas, según señala El Plural.
En ese caso, el hospital había comprado "mascarillas quirúrgicas de un solo uso, de tres capas de polipropileno con bordes termosellados" por valor de medio millón de euros mediante un proceso sin publicidad, lo que generó controversia en torno al director gerente del centro, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, quien tiene vínculos con el Partido Popular.
Asimismo, el empresario responsable de la firma de mascarillas, José Ramón García González, también es conocido por el actual líder del PP y ha sido inhabilitado por fraude fiscal.
CCAA y ayuntamientos
Es importante destacar que varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sin importar su afiliación política, recurrieron a esta empresa para obtener material sanitario, pero solo Madrid y Galicia repitieron las compras. La Xunta lo hizo más de un año después de que la red estatal de alertas sanitarias señalara la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por la empresa.
En este contexto, Sibucu vendió las mascarillas al gobierno gallego por menos de 50 céntimos la unidad, lo que representaba un 15% menos que el precio ofrecido por otros competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara.
Es relevante mencionar que la Ley de Contratos del Sector Público establece restricciones, según su artículo 149, para evitar que una empresa presente ofertas anormalmente bajas basadas en la menor calidad de sus productos o servicios.
4.000% más de beneficios el primer año de pandemia
Durante la pandemia del coronavirus, Sibucu 360 SL experimentó un notable aumento en sus ingresos y beneficios, multiplicándolos de manera espectacular en solo un año. En el ejercicio de 2020, la empresa cerró con un aumento del 4.000% en sus beneficios, pasando de menos de 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones en 2020.
Durante ese año, Sibucu se benefició económicamente de la crisis sanitaria incrementando sus beneficios casi diez veces. Cerró el año con ganancias de 3,2 millones de euros, en comparación con los 344.000 euros del año anterior. El resultado de explotación se disparó hasta los cuatro millones de euros, frente a los 159.000 euros antes de la pandemia. Como resultado, el patrimonio neto de la empresa se elevó a 1,5 millones de euros, triplicando su valor, y los tres socios acordaron repartirse casi dos millones en dividendos.
La empresa se constituye en 2014 como una sociedad clásica de tenencia de activos, pero luego fue ampliando su objeto social para incluir la inversión inmobiliaria, los servicios de consultoría y otras actividades de prácticamente cualquier tipo como el comercio de productos de perfumería, pero fue la implantación de MoonOff en China la que le permitió disponer de la capacidad para importar material sanitario en un momento de máxima urgencia para las administraciones.
Comisión de investigación
Las implicaciones financieras asociadas a la compra de mascarillas vuelven a destacar en los titulares tras el 'caso Koldo', que involucra al asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por supuesto cobro irregular de dinero durante el punto álgido de la pandemia.
Como respuesta a estos acontecimientos, el PSOE ha instado al exministro a renunciar a su escaño de diputado y ha solicitado al Congreso la apertura de una comisión de investigación para examinar todos los contratos relacionados con mascarillas.
