El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está siendo investigado por la justicia andorrana en el marco de la Operación Cataluña y, por los delitos que se le imputan, podría afrontar en el peor de los casos una pena de 13 años de prisión.
Esa es la pena de cárcel que consta en las comisiones rogatorias enviadas a las autoridades españolas, según publica el diario ABC, en virtud de una transcripción del Código Penal del Principado de Andorra. Se trata de la misma pena que podría afrontar el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En el caso del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la pena ascendería hasta los 20 años de cárcel por delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, además de un delito de falsedad. El que fuera su número dos, Francisco Martínez, sumaría 17 años a su condena.
En la causa, la jueza de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, intenta esclarecer si Mariano Rajoy y sus exministros emplearon "vías ilegales" para acceder a la información bancaria de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras, que se habría traducido en presuntas presiones que la Policía Nacional habría realizado a miembros de la Banca Privada d'Andorra para conseguir datos de las presuntas cuentas. La instructora da un plazo de 15 días para que designen un abogado. En caso contrario, advierte, les asignará uno de oficio.
Varios delitos
En el caso hay dos entidades denunciantes, Juristes Drets y l'institut de Drets Humans d'Andorra (Idha). Ambas atribuyen a Rajoy y Montoro un delito de coacciones contra los órganos constitucionales por, supuestamente, "haber intimidado al Jefe del Gobierno andorrano y sus ministros" durante una visita oficial que tuvo lugar en el Principado el 8 de enero de 2015. El propósito, según la querella, era intervenir y liquidar la Banca Privada d'Andorra y les consideraban "los autores y ejecutores personales y directos" del delito.
Además, les imputan un delito de creación, uso y comercialización de documento falso por parte de un funcionario por, según la querella, enviar información "falsa" al FinCEN americano para que emitiera una alerta en contra de la BPA para conseguir cuentas de los líderes independentistas catalanes. Los delitos pueden sumar hasta seis años de prisión.
En cuanto al papel del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, los querellantes señalan que eran superiores de los agentes policiales que actuaron sobre el terreno. La querella se dirigía en un primer momento contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado de la Embajada española en Andorra, Celestino Barroso Sánchez y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), Marcelino Martín Blas, que habrían coaccionado y extorsionado a los dirigentes de la BPA. La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, que ya fueron citados ante la justicia andorrana, pero nunca se presentaron. La jueza ha vuelto a remitir comisiones rogatorias insistiendo en su comparecencia.
Las entidades que impulsaron la querella advierten en un comunicado que, en caso de condena, "el Estado español, de forma subsidiaria, deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios materiales y morales que hayan causado a las víctimas de estos. Es decir, a los ciudadanos andorranos Higini Cierco y Joan Pau Mique", presidente y CEO de la BPA, así como a la "entidad y a las instituciones andorranas".
