"Es fácil matar a Sanchez solo es buscar el momento similar a cuando el sin verguenza golpeó a Rajoy pero en vez de golpe tiro a bocajarro". Este es uno de los tuits que ha publicado una cuenta que ya se ha encuentra suspendida en Twitter y que se une a una serie de 'trolls' que han lanzado todo tipo de amenazas contra el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los mensajes de este tipo, publicados y promocionados a través de una red social que actúa como medio de comunicación, sirven para que se contemple el delito de amenazas con el agravante de difusión pública. ¿Delito de incitación al odio? Juzguen en este caso.
Según recoge el artículo 169 del Código Penal, se castigará con la "pena de prisión de seis meses a dos años de prisión" cuando se "amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio o lesiones".
Si se sumase el mencionado delito de odio, que recoge el artículo 510 del Código Penal, el autor de estas amenazas podría ser castigado con una "pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses". Es decir, dependiendo de la interpretación de los magistrados, el autor de estos mensajes podría terminar en el interior de una celda.
En este caso, existen precedentes que sí podrían sentar jurisprudencia: por ejemplo, el caso de Rosa María Puigpinós, condenada a cuatro meses de prisión por desear una violación grupal a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Sus palabras no solo tuvieron consecuencias penales: también supusieron la pérdida de su puesto de trabajo, vivir con antecedentes penales y una huella que la perseguirá durante el resto de su vida.
Ella evitó la cárcel porque fue condenada a menos de dos años y no contaba con antecedentes penales. Pero el ingreso en una celda por un caso de este tipo tampoco sería inédito: el rapero Valtonyc fue condenado a tres años y seis meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Evitó la cárcel porque salió de España, aunque la orden de entrada en prisión era firme.
Actuaciones de la Fiscalía
El caso de la persona que ha lanzado las amenazas contra el nuevo presidente, un usuario cuyo nombre no publicaremos aunque ha alcanzado relevancia en las redes, dependerá de la decisión de Sánchez. El trámite judicial se realiza cuando la persona señalada presenta una denuncia. Aunque no todo depende de ello: ante la evidencia de las pruebas, habría que contemplar la posibilidad de que la Fiscalía actuase de oficio.
No sería el único caso. La muerte del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, se saldó con serias consecuencias penales: "La Policía ha detenido a un hombre que celebró el fallecimiento de José Manuel Maza y amenazó al delegado del Gobierno en las redes sociales, por un presunto delito de incitación al odio e injurias", anunciaba el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el pasado 4 de noviembre de 2017.
Las actuaciones por parte de la Fiscalía no son una anécdota. Así sucedió con la muerte de Bimba Bosé, cuando sufrió todo tipo de mofas tras su fallecimiento víctima de un cáncer de mama. Los comentarios generaron una profunda indignación y, finalmente, la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ordenó una investigación cuyo resultado aún no ha trascendido.
Aunque parezca habitual, las actuaciones de la Justicia no siempre se producen por voluntad propia. El caso de Pedro Sánchez es análogo al de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que recibió comentarios de este tipo cuando mostró su desacuerdo con la prisión permanente revisable: "A ver si matan a tu madre o te violan a ti y sigues pensando lo mismo moniata mamarracha analfabeta y valenciana", fue uno de los comentarios recibidos. A pesar de las llamadas a Fiscalía, encabezadas por el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, finalmente el caso quedó en nada.
Cuando las amenazas superan las redes sociales
El anonimato de las redes sociales y la falta de conciencia en torno a la difusión de un mensaje que escribimos en la intimidad de nuestro smartphone, se utiliza en algunas ocasiones para dificultar la acción de la Justicia.
Sin embargo, algunos casos son, aún si cabe, más graves. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tuvo que soportar la llegada de varios sobres con balas en su interior. Algo que denunció en un mensaje enviado a Mariano Rajoy antes de fallecer víctima de una cirrosis.
También hay otros casos, como el sufrido por Bárbara Rey en 1997, cuando denunció ante los medios todo tipo de presiones e incluso un robo en su vivienda. Los ladrones se habrían llevado todo tipo de documentos, carretes fotográficos y cintas de vídeo en las que había constancia de todo tipo de pruebas contra una alta personalidad.
Por su parte, Pablo Iglesias llegó a recibir vídeos en los que una persona le amenazaba desde un tanque y otro usuario deseaba que él "y todo su equipo" terminaran "en la cuneta". Él presentó denuncia, aunque no hay constancia de una respuesta.
Son los mensajes, comentarios y amenazas que deben soportar a diario nuestros cargos públicos. Y todo tipo de personajes con relevancia mediática. Aunque, aunque no lo parezca, pueden terminar con serias consecuencias: ahí tienen el caso de Melania Capitán, que se suicidó tras ser incapaz de soportar diariamente comentarios como "te vamos a callar con una bala en la frente".
Porque el daño puede ser mucho más grave de lo que aparenta. Las consecuencias psicológicas de estos comentarios abarcan síntomas como trastornos del sueño, ansiedad, pánico, fobia social o estrés postraumático. La popularización de las redes sociales y el anonimato llegan para quedarse. ¿Podemos dar una respuesta efectiva?
