La defensa de Dani Alves, en prisión preventiva acusado de haber violado a una joven de 23 años, está a la espera de la decisión de la Audiencia de Barcelona a su recurso para conseguir la libertad provisional hasta la celebración del juicio. A esto se oponen tanto la Fiscalía como la acusación particular, que apelan al riesgo de fuga y a los indicios de que se cometió el delito.
Durante la vista celebrada el pasado jueves 16 de febrero para abordar este recurso, el abogado del futbolista, Cristóbal Martell, ha insistido en que las relaciones fueron consentidas. Hay que recordar que, según la última versión aportada por el deportista, aquella noche del 30 de diciembre, en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, lo que se produjo fue una felación consentida.
Para argumentar ese consentimiento, Martell ha señalado el hecho de que la víctima no presente lesiones vaginales y que las grabaciones de las cámaras de seguridad la muestran bailando, en actitud distendida, instantes antes de que sucedieran los hechos.
De esta forma, la defensa de Alves ha reconocido por primera vez que la denunciante fue penetrada vaginalmente por el brasileño, algo que este negó en su declaración ante la jueza instructora pero que quedó desmentido cuando se encontraron restos de semen del acusado en la vagina de la joven.
Las cámaras de seguridad
La defensa de Alves también ha alegado que las imágenes de la cámara de seguridad de la discoteca contradicen la versión de la denunciante. Asegura que la joven sabía que el cuarto donde presuntamente ocurrió la agresión era un baño, a pesar de que ella manifestaba que entró pensando que era una continuación del reservado donde estaba.
Por su parte, la acusación particular y la Fiscalía han recordado que en las imágenes se captó al brasileño abandonar la sala pasando al lado de la presunta víctima llorando cuando le estaba contando lo sucedido a una amiga y a un trabajador de la discoteca.
De la misma manera, la defensa alega que no hay riesgo de fuga, para lo que ha presentado un certificado de empadronamiento en España y ha propuesta medidas como pulsera telepática o retirada del pasaporte. Sin embargo, Fiscalía y acusación particular han puesto de manifiesto tu capacidad económica y escaso arraigo en España.
