La defensa de Ana Julia Quezada, que permanece ingresada en la prisión de El Acebuche en Almería desde marzo de 2018, ha solicitado para ella la pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave frente a la Fiscalía, que mantiene la petición de prisión permanente revisable.
En el escrito presentado por los abogados de la acusada, Quezada mantiene que nunca tuvo intención de acabar con la vida del pequeño, si no que su muerte tuvo lugar de manera accidental en el transcurso de una discusión. El relato dista mucho del que presentó la Fiscalía, que aseguró que Ana Julia mató a Gabriel Cruz con "estremecedora frialdad".
Por su parte, la defensa sostiene que la tarde del 27 de febrero de 2018 la acusada invitó al menor a que la acompañara a reformar el cortijo familiar de Rodalquilar, donde el niño comenzó a jugar con un hacha. Ante la insistencia de la mujer para lo dejara , el pequeño se resistió increpándola e, incluso, insultándola por el color de su piel, según el testimonio de la acusada.
En cuanto al forcejeo entre Ana Julia y el menor, el escrito mantiene que la mujer llegó a taparle la boca para que se callase, asfixiándole de forma accidental. A partir de ese momento, el documento reitera lo que Ana Julia declaró ya en su confesión. Defiende que se sintió "presa del pánico" y decidió sacar el cuerpo de la vivienda y ocultarlo en un pequeño agujero junto a un aljibe porque no sabía que hacer ni cómo explicarle a su pareja, padre del menor, lo ocurrido.
Sin embargo, en su declaración, no mencionó nada acerca de los hematomas que presentaba el cuerpo del menor y que, según indican los forenses, se debieron a golpes previos a su muerte.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable
Con este relato, el abogado de Quezada considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita por ello la pena de tres años de cárcel.
Por su parte, la Fiscalía solicita penas más duras motivadas por la actitud de la acusada que califican de "simulación, segumiento y farsa" durante los doce días de búsqueda. Reclaman prisión permanente revisable para Ana Julia además de diez años de cárcel por delitos de daños psíquicos hacia los padres de Gabriel y una indemnización de 600.000 euros para los padres y 160.000 euros para la abuela paterna. Además, solicitan que la acusada se haga cargo del pago de los 200.000 euros del coste del dispositivo de búsqueda.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ultima ahora los trámites para dictar la apertura de un juicio oral. El caso será juzgado por un tribunal popular, pese al rechazo de la defensa, que sostiene que la proyección mediática del caso impediría la "imparcialidad y serenidad" necesaria.
