Artur Mas no era consciente de que la celebración de la consulta sobre la independencia de Cataluña, realizada el 9 de noviembre de 2014, podía acarrearle consecuencias penales. Con este argumento, el expresident de la Generalitat se ha defendido ante la Fiscalía y la acusación popular, que solicitan nueve y diez años de inhabilitación para Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación. Estas son las claves de sus declaraciones
1 Una iniciativa "personal"
Artur Mas ha asegurado que la celebración del referendum fue a título personal, con lo que excluye al resto de encausados. A pesar de ello, la acusación considera que la apertura de centros escolares para la celebración de la consulta incluye a la entonces consejera de Eduación, Irene Rigau, en desobedecer la orden paralización por parte de la Justicia.
Esta iniciativa personal de su Gobierno no fue, eso sí, "una ocurrencia de última hora, sino la consecuencia de un mandato político surgiedo de unas elecciones democráticas que nadie impugnó". El expresidente ha aseguado que la consulta debía realizarse atendiendo al "clamor popular" y la actual composición del Parlament.
2 La Administración "colaboró" pero no era la responsable
Mas ha tenido que mantener el equilibrio entre dos necesidades: erigirse como defensor del referéndum de independencia y defenderse de las acusaciones que piden para él seis años de cárcel.
"No había ánimo de desobedecer a nadie", ha asegurado Mas, que ha recordado que la Generalitat "colaboró en todo lo que pudo, pero no era la responsable del 9-N". Una muestra de ello, ha asegurado, es que toda la ejecución de la consulta vino por parte de voluntarios -en ningún caso funcionarios en ejercicio de sus funciones- y que la consulta no era, en ningún momento, vinculante ni contaba con consecuencias jurídicas.
3 El papel del Tribunal Constitucional
"¿Cómo puede ser que el Constitucional no hiciese nada para pararlo?". Con esta cuestión, Artur Mas ha defendido que la inacción de la Justicia durante la celebración de la consulta muestra que no se cometió ningún delito, puesto que no hubo trabas a su ejecución.
Mas ha llegado a asegurar que "no fuimos formalmente comunicados o requeridos", asegurando con ello que el Constitucional no le avisó en ningún momento de que su decisión puediese generar consecuencias penales.
4 "Volvería a celebrar la consulta del 9-N"
Artur Mas ha justificado en todo momento su decisión, asegurando que "nuestro ánimo era estar a la altura de las circunstancias y por todos los medios posibles promover la participación". Por ello, se ha mostrado satisfecho por lo realizado aquel día y cree que es la vía por la que el procés debe continuar.
5 Las reacciones
Durante la celebración de la vista oral, una multitud se ha congregado a las puertas del Palacio de la Justicia al grito de "Independencia", en apoyo a los tres encausados en el juicio. Según ha asegurado la guardia urbana, entre 40.000 y 50.000 personas podrían haber realizado un recorrido que ha partido desde el Palau de la Generalitat para terminar en el lugar de celebración del Juicio.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado en Twitter su apoyo a Mas, Rigau y Ortega. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado de "impropia de una democracia" la manifestación que los partidarios del referéndum han realizado a las puertas del lugar de celebración del juicio.
6 Una consulta popular
El juicio, que continuará durante el resto de la semana con la declaración de 37 testigos -Mas había solicitado la comparecencia de Rajoy y Catalá en esta condición-, tiene como fin depurar las posibles responsabilidades del entonces Gobierno de la Generalitat por la consulta del 9-N.
La consulta se celebró a pesar de que el Tribunal Constitucional decidió paralizarla. En ella, más de 2 millones de personas votaron, en un 80%, a favor de la secesión de Cataluña. La Fiscalía ve posibles delitos de desobediencia y prevaricación por la compra, por parte de la Administración, de todo el material necesario para su celebración y de la apertura de los colegios públicos para establecer las mesas de votación. Los encausados han asegurado que todo se realizó con voluntarios y que el material se había adquirido antes del veto del Constitucional, por lo que se hacía imposible devolverlo.
Además, han asegurado que se cambió el formato de "referéndum" por el de "jornada de participación popular" para no incumplir con las sentencias impuestas por la Justicia.
