El Gobierno pretende reactivar y aprobar definitivamente antes de las vacaciones de verano en un pleno especial del Congreso la nueva Ley de Memoria Democrática que aprobó el Consejo de Ministros hace un año y que llevaba parada en el trámite de enmiendas en el Parlamento desde octubre.
Los acuerdos alcanzados entre los grupos del Gobierno con PNV, EH Bildu, PDeCAT o Más País en el marco de la ponencia encarrilan la aprobación de dicha norma (a la que se espera que se sumen otras formaciones) sin que sea necesario, a priori, el voto favorable de Esquerra Republicana de Catalunya.
De acuerdo con el calendario, la reunión para aprobar el dictamen será el lunes 4 de julio. Por último, el texto será sometido a votación en un pleno extraordinario previsiblemente la semana del 11 de julio, a falta de concretar el día, y será remitido al Senado, donde concluirá su tramitación.
Los cambios que supondrá la nueva Ley
En esencia, se han admitido la mayoría de los cambios presentados por los partidos de la coalición a su propio proyecto legislativo. Entre ellos, destaca la aplicación del derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977.
"Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", reza dicha enmienda de PSOE y Unidas Podemos.
La Ley de Memoria Democrática declarará ilegal el régimen franquista. La enmienda transacional pactada por parte del PSOE y Unidas Podemos con Más País y el PDeCAT modifica el apartado tres de su primer artículo y sentencia: "Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas".
Los afectados que así lo demanden y demuestren podrán lograr que se certifiquen como ilegales las sentencias y sanciones emitidas en su día por tribunales franquistas. "Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".
De la misma manera, se ha acordado extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983 y no hasta la entrada en vigor de la Constitución así como la creación de una comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las "violaciones de derechos humanos" durante la dictadura.
Persecución y represión contra las lenguas cooficiales
Entre las modificaciones pactadas está además el reconocimiento explícito de la "política de persecución y represión" contra el catalán, el vasco y el gallego durante la dictadura franquista.
Esta no es la única enmienda introducida que hace referencia al acoso que sufrieron las lenguas cooficiales tras el golpe de Estado de 1936 y las décadas posteriores. En concreto, se establece como víctimas a "las comunidades, las lenguas y la cultura vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas".
Ahora, si ningún partido de los previsiblemente favorables se echa atrás, habrá mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática en el Congreso tras anunciar EH Bildu que votará a favor.
La Ley eliminará 33 títulos nobiliarios
Entre las medidas aprobadas está la supresión de los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista que fueron concedidos entre 1948 y 1978 y que aún hoy están vivos.
Entre los afectados estarían el marquesado de Arias Navarro o los títulos concedidos a los principales militares que participaron en la sublevación, como Queipo de Llano o el general Mola y también de colaboradores del régimen, como el condado del Castillo de la Mota, emitido en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera.
También se incluye el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas y que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan solicitar la nacionalidad española.
