Un resultado a la búlgara. Así se podría catalogar la 'arrolladora victoria' obtenida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los últimos comicios en Nicaragua, sin ningún aval internacional, en el que obtuvieron, según los resultados oficiales, un 74,99% de los votos con el 65% de participación.
Se trata de unas elecciones en la que siete candidatos opositores se encontraban encarcelados, entre ellos, la mujer que contaba con mayores posibilidades de ganar los comicios según las encuestas independientes, Cristiana Chamorro, en prisión desde el pasado 2 de junio. Y, junto a ellos, cientos de personas que continúan privadas de libertad tras las grandes protestas de 2018, que la policía reprimió con puño de hierro.
Entre los candidatos avalados finalmente por el Consejo Supremo Electoral (CSE), un organismo controlado por completo por Daniel Ortega y su nueva copresidenta (cargo creado ad-hoc), su esposa Rosario Murillo, se encuentran varias formaciones acusadas de colaborar con el régimen y candidatos con nulo conocimiento entre la ciudadanía.
La victoria de Ortega con un 74,99% de votos finalmente solo ha sido reconocida por los siguientes países: Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. La misma entente que apoya sorpresivamente a todo tipo de autocracias que se alejan de los estándares democráticos y que han terminado siendo repudiadas por las grandes potencias occidentales. La Organización de Estados Americanos (OEA), La Unión Europea y Estados Unidos han rechazado los comicios.
Los datos de los comicios, por cierto, distan mucho de los obtenidos por el observatorio Urnas Abiertas, una organización que vela por el cumplimiento de los derechos electorales, que indicó que la abstención en el país había superado el 80%. De hecho, las encuestas serias solo otorgan al presidente un 19% de apoyo real en la ciudadanía, entre ellas, la publicada por CID Gallup.
El proceso de observación nacional realizado por Urnas Abiertas de 563 CV con la participación de más de 1.450 observadores y observadoras indica una abstención entre el 79%, como mínimo, y el 84% como máximo; con un promedio nacional del 81.5% de abstencionismo. pic.twitter.com/klooi5GLvA
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) November 8, 2021
Daniel Ortega gobierna el país desde 2007. Participó en la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza y dirigió el país por primera vez en 1981, al ser elegido coordinador de la Junta de Gobierno. En 1984 ganó las elecciones y perdió el poder en 1990.
Sin embargo, esa pérdida no fue definitiva. Su esposa, Rosario Murillo, construyó una candidatura basada en una mezcla de misticismo y endulzó el discurso político del FSLN, que dejó de ser tan combativo como lo era en el pasado. En 2007 volvió al poder. Su esposa se consolidó como la Iván Redondo del nuevo sandinismo.
Desde entonces, el matrimonio se ha fijado poco a poco en el poder. Sus hijos ocupan la dirección de los grandes medios de comunicación de Nicaragua en un sistema basado en el nepotismo, donde Murillo ha ido cogiendo gran relevancia hasta el punto de sonar como la verdadera sucesora de su marido. De hecho, en estas elecciones ha pasado de ser vicepresidenta a copresidenta, un cargo especialmente creado para ella.
Los rumores sobre los posibles problemas cardiacos y de demencia de Daniel Ortega (75 años) refuerzan la hipótesis de que Rosario Murillo está acumulando grandes cotas de poder en el país. La relación entre ambos es tan estrecha, que cuando la hija de Murillo, Zoliamérica Narváez, acusó al presidente de cometer abusos sexuales contra ella, su esposa terminó defendiendo a su marido y cargando contra ella. Zoliamérica vive actualmente exiliada en Costa Rica.
El giro de Ortega
El giro de Daniel Ortega durante su mandato ha sido progresivo. Su vuelta al poder en 2007 volvió a introducir políticas progresistas en el país que le reportaron gran aceptación en la sociedad. Garantizó la educación y sanidad públicas, ayudas para reducir la desigualdad social y despenalizó la homosexualidad, a pesare de que el colectivo LGTBI sigue estando perseguido y no tiene los mismos derechos.
Pero todo cambió con el paso del tiempo. Su gobierno tornó en un régimen más autoritario, de manera que en 2013 impulsó una serie de reformas en la constitución para eliminar las limitaciones de mandato con el objetivo de gobernar de manera indefinida. Nombró a su mujer vicepresidenta y colocó a aliados políticos con el objetivo de copar poder judicial y en las fuerzas armadas.
En abril de 2018, en plena crisis económica, aprobó recortes en el sistema de seguro social. Miles de personas salieron a la calle y el Gobierno envió a la policía y el ejército para reprimir las protestas. Hubo más de 300 muertos y miles de heridos, según publicó entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces, la represión se ha acelerado. Ortega ha aumentado su represión y persigue cualquier movimiento político y social que cuestione su gobierno. Ha cerrado medios de comunicación, encarcelado a líderes políticos y estudiantiles, además de establecer una fuerte represión.
A pesar de que Ortega reivindica su papel como guerrillero contrario al régimen de Somoza, gran parte de la población aprecia en él las prácticas autoritarias contra las que combatió en el pasado. De hecho, muchos miembros que colaboraron con las guerrillas se han sumado ahora a la oposición a su sistema, muchos de ellos actualmente en el exilio.
