Los anticapitalistas catalanes aseguran que las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament el pasado mes de septiembre continúan vigentes para ellos. La diputada de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha confirmado a los medios que se encuentran trabajando junto a JxSí para llevar a cabo la proclamación definitiva de la República Catalana en los próximos días.
Pese a que el Tribunal Constitucional haya anulado definitivamente la Ley del Referéndum aprobada por la mayoría independentista en el Parlament, Boya asegura que todavía sigue vigente, en un claro desafío a la legalidad del Estado. En una rueda de prensa dada en el Parlament, ha afirmado ante los periodistas que, tras la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se ha acabado el plazo de dos meses dado por Carles Puigdemont para dialogar y se comenzará en breves días un proceso constituyente.
Proclamación de la República de Cataluña
Era cuestión de tiempo que los independentistas se aferraran a cualquier respuesta del Estado para continuar con sus planes de ruptura total con el resto de España. El Gobierno de Rajoy ha activado el artículo 155 el enviarle un requerimiento a Puigdemont para que confirme o no si ha declarado la independencia. Sin embargo, el President ha evitado responder, provocando que el 155 continúe su camino legal.
Ha llegado el momento de aplicar la Ley de Transitoriedad y empezar el proceso constituyente
La tensión continúa tras la detención preventiva de los presidentes de la ANC y Òmnium, Sánchez y Cuixart. Tras estos hechos, la diputada de la CUP, Mireia Boya, ha asegurado ante la prensa que "ha llegado el momento de aplicar la Ley de Transitoriedad y empezar el proceso constituyente" debido a que "ya se dan las condiciones para proclamar la República".
Los trabajos continúan entre los anticapitalistas y JxSí, según afirma la CUP. Para llevar a cabo la proclamación, se está decidiendo cuál es el mejor momento y, sobre todo, cuál es la mejor fórmula. Esta estrategia es habitual en el entorno independentista. Evitan dar cualquier pista para que el Gobierno central ponga en marcha el plan que detenga el desafío al Ordenamiento Jurídico español.
No es imprescindible una votación en el Parlament
Boya es tajante en cuanto a una posible votación en el Parlament: "no es imprescindible" puesto que, según la diputada, la ley del referéndum -declarada inconstitucional y, por tanto, fuera del marco legal- no lo estipula como un requisito indispensable. Asimismo, descarta el plazo de dos meses para dialogar ofrecido por Puigdemont ya que "ha perdido toda la vigencia" tras las detenciones preventivas y solo dialogarán para "repartirse los activos y los pasivos" con el Estado.
La diputada de la CUP asegura que, cuando el Gobierno central intente reprimirles, "se encontrarán con la República proclamada". Además, invita a Catalunya Sí Que Es Pot (la rama catalana de Podemos) a unirse a sus trabajos: "nos encantaría que nos acompañaran", sentencia.
Legalidad española franquista
Los anticapitalistas aseguran que las leyes del conjunto del Estado no tienen ninguna validez en Cataluña debido a que todavía existen tribunales que ejecutan las mismas órdenes que en el franquismo. "La Audiencia Nacional es aún el Tribunal de Orden Público y aquí se persiguen ideas, se aplastan pensamientos, se encarcela a políticos y se menosprecian las ofertas al diálogo", criticaba.
Sin embargo, estas afirmaciones distan mucho de la realidad actual, puesto que la Audiencia Nacional solo ha aplicado medidas preventivas ante las investigaciones de un presunto delito de sedición. No hay ningún manifestante o independentista en prisión por el simple hecho de tener un pensamiento diferente. De ser así, las cárceles de todo el territorio estarían llenas, puesto que hay millones de personas que simpatizan con este sentimiento e ideología.
En cuanto a la posibilidad de que Rajoy aplique definitivamente el 155 y suspenda la autonomía catalana para restaurar la legalidad, la CUP asegura que cualquier paso dado por el Estado no cambiará su rumbo de trabajo. "El mundo les mira y está viendo que hay muy poco de democrático en el Estado español", afirma tajantemente la diputada Boya.
Boya asegura que el Gobierno central quiere "humillar" a los catalanes y pide la dimisión del delegado del Gobierno en Cataluá, Enric Millo. Asimismo, hace un llamamiento a la ciudadanía para que se muestre unida frente a los "ataques" del Estado y pide la participación en todas aquellas convocatorias que exijan la salida de prisión de Sánchez y Cuixart.
