Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana y exdiputada en el Parlament, renunció ayer a su escaño, ha abandonado España según informa RAC1. Lo haría para eludir su comparecencia hoy viernes ante el Tribunal Supremo de Madrid por haber participado en el procés catalán. La política catalana ha comunicado a través de una carta su decisión: "Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El camino del exilio".
"Siento tristeza, pero mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente. Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican —descaradament— criterios políticos. Cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna", explica en su escrito. Además no se olvida del Gobierno central y asegura que esta decisión es la única forma para "recuperar su voz política"y levantarse "contra el Gobierno del PP, que persigue todo el que está a favor de votar y que castiga cualquiera que intenta cambiar lo preestablecido y lo establecido". La carta finaliza con un "¡viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. Viva una República catalana para todos!".
Por el momento no han seguido sus pasos, aunque también renunciaron ayer a sus escaños, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera de Trabajo de la Generalitat Dolors Bassa. Las tres abandonaron sus despachos entre el aplauso de sus compañeros. Y es que las tres exdiputadas tenían que comparecer hoy ante el Tribunal Supremo. Según explicaron, esta decisión se debe a que no quieren que su situación personal no "condicione la actividad del Parlament ni que ningún juez pueda someter a un chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña".
La CUP y el PP coinciden: "El procés está liquidado"
La exdiputada de ERC abandona el país para evitar ser juzgada y lo hace después de que ayer jueves 22 de marzo, el candidato de JxCat, Jordi Turull, no lograse los 68 apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y poder ser presidente de la Generalitat en una primera votación. Toda la oposición le dio la espalda al procés catalán, incluso la CUP, ya que sus cuatro diputados se abstuvieron mientras que Cataluña en Comú, Ciudadanos, PSC y el PP de Cataluña votaron 'no'.
El debate fue convocado con urgencia por el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, con la intención de haber evitado un segundo pleno ya que Turull comparece hoy viernes ante el Tribunal Supremo y podría dictar prisión preventiva. La segunda votación se celebraría el sábado a la espera de lo que suceda en los tribunales. En ella el candidato sólo necesitaría mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, aunque esta posibilidad parece estar liquidada. Y es que después del discurso pronunciado por Turull en las cortes catalanas, el diputado de la CUP, Carles Riera, dijo que las palabras del candidato fueron "un discurso autonomista, con propuestas neoliberales, no un discurso republicano. Por eso damos por acabado el procés y las alianzas correspondientes y pasamos humildemente a la oposición, combatiendo al Estado pero también el autonomismo, desde la calle y desde nuestros escaños".
Aunque no por los mismos motivos, esta respuesta coincide con la del Gobierno central. Desde Moncloa insisten en que "el procés está liquidado" y se remiten a las decisiones judiciales que tome el Tribunal Supremo. Para el ejecutivo la única alternativa al Govern catalán es la creación de uno nuevo que "se ajuste a la Constitución y al Estatuto catalán y renuncie a la vía unilateral".
Los motivos de la abstención de la CUP van más allá del discurso de Turull, ya que como recordó ayer Riera el candidato que ellos preferían para presidir la Generalitat era Carles Puigdemont y no fue así. Además reclamó a JxCat que no "acate la legalidad constitucional española ni su Tribunal Constitucional". En este sentido expresó que la CUP estaba del lado de "todas las personas que tienen que comparecer ante el Tribunal Supremo", al que calificó de "dictatorial".
