Cataluña será la piedra en el zapato del nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Así se lo hicieron saber los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya que subieron a la tribuna de oradores durante el debate de investidura, que, a pesar de abstenerse para hacer presidente al líder socialista, no dudaron en hacer valer la importancia de sus votos. Tanto Gabriel Rufián, con su ya famosa frase "si no hay mesa de diálogo entre Gobiernos no hay legislatura", como Monserrat Bassa, hermana de la exconsellera Dolors Bassa condenada a 12 años de prisión, asegurando que le "importa un comino la gobernabilidad de España", quisieron dejar claro que las promesas que Sánchez ha hecho a los nacionalistas no caerán en saco roto y serán condición sine qua non para que el gobierno pueda resistir.
Sin embargo, el partido liderado por Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, decidió votar en contra, algo que, sumado a la situación procesal del actual president de la Generalitat, Quim Torra, terminó por resquebrajar el ya de por sí débil gobierno catalán. No olvidemos que Torra está inhabilitado para el ejercicio de cargo público por una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -recurrida al Tribunal Supremo- y la posterior resolución de la Junta Electoral Central, en la que ordenaban "dejar sin efecto la credencial de Torra" como diputado y que corriese la lista a favor del "siguiente candidato", lo que, según el propio Estatut imposibilitaría que éste siguiera siendo president, ya que para ello hay que ser diputado.
Mesa de Diálogo y conflicto político
En esta situación y con máxima tensión se ha producido la negociación del PSOE y Unidas Podemos para conseguir la abstención de los de Junqueras que, además de la ya mencionada Mesa de Diálogo, también consiguieron que el principal partido de la coalición de gobierno, el PSOE, asumiera como propia la definición de "conflicto político" para referirse al conflicto catalán. Así mismo, los socialistas se comprometieron a "desjudicializar" el conflicto, pero sin aclarar muy bien cómo, y a tratarlo como lo que, según ellos, siempre fue, un problema político.
Sánchez, nada más llegar al Gobierno, ya forzó a la Abogacía del Estado a cambiar su postura en el juicio al procés, algo totalmente lícito puesto que ésta depende y sirve al Gobierno. Algo bien diferente y preocupante es la propuesta de la hasta hace unos días Ministra de Justicia, Dolores Delgado, para ocupar el puesto de Fiscal General del Estado. No se puede obviar que el Ministerio Fiscal no responde a las peticiones del Gobierno sino que es independiente y autónomo, tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
La postura de Unidas Podemos respecto al procés es conocida por todos, pues nunca han disimulado sus discrepancias con las teorías defendidas por los partidos que conformaban el llamado bloque constitucionalista, de hecho, era uno de los mayores escollos que imposibilitaban el acuerdo para conformar un gobierno de coalición.
Concesiones
Una vez en el Gobierno, las palabras ya no calan y hay que pasar a la acción, eso es lo que están pidiendo los nacionalistas a Sánchez, el cual ya ha dado el primer paso y se reunirá en próximas fechas con Torra. Algo que, según se lea y, sobre todo quién lo lea, puede ser bueno o malo, pues el presidente del Gobierno de la Nación se va a reunir con un presidente de la Generalitat inhabilitado por la justicia, lo que puede entenderse como un desaire al Poder Judicial por parte de Sánchez o, lo que es lo mismo, un balón de oxígeno y legitimidad a los secesionistas. Sea como fuere, Sánchez no puede olvidar que su organización tiene el coladero de votos en el sur peninsular, y que estos -hablo de los votantes, en ningún caso de los líderes territoriales, ya plegados a Sánchez-, salvo que la comunicación y pedagogía política sea excelente, no están dispuestos a aguantar concesiones a los nacionalistas.
Por delante tienen un largo camino por recorrer, empezando por la más que probable petición de indulto a los líderes secesionistas condenados y siguiendo por la fijación de una fecha para celebrar un referéndum, que no cambia de esencia aunque se modifique su denominación por "consulta a los ciudadanos". En ese caso, cabría preguntarse entonces, ¿qué es pues un referéndum? Del mismo modo, todavía hay causas abiertas que pondrán a prueba hasta qué punto será independiente el Ministerio Fiscal, tales como el juicio al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, la extradición de Puigdemont y demás prófugos de la justicia o la decisión de recurrir o no los grados concedidos a los condenados por el procés.
Expuesto todo lo anterior, tan solo resta comprobar en qué consistía la desjudicialización del proceso soberanista que Sánchez prometió a los partidos nacionalistas y confiar en el encauzamiento de algo que nunca debió suceder. No obstante, conviene destacar que para desjudicializar la política, no hace falta politizar la justicia. Seamos sensatos, apostemos por el respeto a la Separación de Poderes y el mantenimiento de la tolerancia y respeto entre diferentes, lo cual solo puede darse dentro de las normas que nos hemos dado entre todos.
